Japón endurece los requisitos del visado de «business manager»

Menos de un mes antes de su entrada en vigor, el Gobierno nipón ha puesto en marcha una reforma que endurece notablemente los requisitos del visado de «business manager», la vía habitual para extranjeros que quieren montar y dirigir empresas en Japón. La propuesta eleva el umbral mínimo de capital de 5 millones (unos 29.000 euros) a 30 millones de yenes (172.500 euros), obliga a contratar a jornada completa a al menos un trabajador que sea ciudadano japonés, residente de larga duración o similar, e introduce una exigencia mínima de competencia en japonés; medidas que el Ejecutivo justifica como necesarias para frenar el uso fraudulento de este visado.

Esta nueva normativa, cuya promulgación está prevista a principios de octubre para ser aplicada a mediados de mes tras un periodo de consulta pública, busca aliviar la presión política de la extrema derecha sobre la inmigración tras recientes debates electorales, pero plantea dudas sobre sus efectos reales: elevará la barrera de entrada para emprendedores y pequeñas iniciativas extranjeras, penalizará a proyectos de bajo capital y podría empujar a muchos a recurrir a vías alternativas o a retirar sus inversiones. Además, genera incertidumbre para las decenas de miles de titulares actuales del visado y para las familias extranjeras que lo usan como vía de residencia.

Además, la reforma añade que los planes de negocio deberán ser evaluados por un consultor de gestión -salvo en el caso de empresas del tamaño equivalente a una cotizada-, una novedad que introduce control profesional externo sobre la viabilidad de los proyectos. Hasta ahora bastaba con constituir la empresa en Japón y acreditar 5 millones de yenes de capital o contratar a jornada completa a dos trabajadores residentes en el país; ese visado permite estancias de hasta cinco años y es renovable. La obligatoriedad de un informe externo puede elevar la calidad de las propuestas, pero también incrementará costes y trámites: muchos emprendedores y pequeñas iniciativas verán aumentar la barrera de entrada por honorarios y requisitos técnicos que, junto al nuevo umbral de capital y las obligaciones de contratación, podrían hacer inviable usar esta vía para residir en Japón.

UNA «VÍA FÁCIL»

El Gobierno justifica la revisión aludiendo a un aumento de casos fraudulentos, según Immigration Services Agency (ISA), y varios parlamentarios han tildado el visado de «vía fácil» para extranjeros que quieren asentarse con poco coste. Los ejemplos que suelen citar son la creación de empresas pantalla y la presentación de documentos falsos en las renovaciones. Sin embargo, la propia ISA admite que no dispone de estadísticas concretas sobre la magnitud real de estos fraudes, lo que debilita el argumento oficial.

Esta enmienda propuesta también parece destinada a acercar los requisitos de este visado a los de otras economías avanzadas. En muchos países son habituales umbrales de inversión más elevados y un escrutinio más riguroso de la viabilidad de los proyectos empresariales. El Ejecutivo la presenta, además, como parte de una estrategia para reforzar la competitividad internacional del país, con la idea de atraer emprendedores de «alta calidad»: aquellos con recursos, determinación y capacidad para aportar proyectos que contribuyan de forma sustantiva a la economía japonesa.

UN ERROR DE CÁLCULO

Según sus críticos, endurecer drásticamente los requisitos para este tipo de visado no es una medida de protección de mercado, sino un error de cálculo que frena la innovación y la inversión extranjera. Elevar el capital mínimo de 5 millones a 30 millones de yenes, junto con la batería de obligaciones burocráticas supone una estrategia regresiva que contradice los principios de un mercado abierto y competitivo.

La inmigración cualificada, según los expertos, son catalizadores comprobados de prosperidad: un emprendedor con 5 millones de yenes puede crear una empresa tecnológica disruptiva, una consultora de nicho o un negocio de servicios que genere empleo y aporte valor. Al imponer un umbral prohibitivo, Japón está excluyendo a la mayoría de los emprendedores -a la clase media emprendedora global- que no disponen de capital elevado, pero sí de creatividad, capacidad de riesgo y ambición para escalar proyectos.

Los críticos con las nuevas medidas creen que la argumentación oficial basada en el «uso indebido» del sistema no aporta datos concretos que avalen la magnitud del problema. Afirman que sancionar a los que cometen fraude es necesario, pero aseguran que estas sanciones deben implementarse con instrumentos precisos: controles selectivos, auditorías, verificación documental rigurosa y sanciones ejemplares, no con impuestos de entrada para aquellos emprendedores legítimos que invierten en el país.