La invisible violencia sexual que sufren mujeres con discapacidad

Más de 120 profesionales y estudiantes de cursos formativos sobre Igualdad acudieron el lunes en Iruñea a un congreso sobre el impacto de la violencia sexual sobre las mujeres con discapacidad, organizado por el Instituto Navarro para la Igualdad (INAI). El objetivo del encuentro era debatir qué mejoras se pueden implementar en el protocolo de atención para las mujeres en esa situación que han sido víctimas de violencia sexual.

La cita incidió en la problemática de la interseccionalidad que se da en estas víctimas al acumular una «triple discriminación». Ser mujer les aboca a un mayor desempleo, menor formación, sobreprotección y baja autoestima. Tener una discapacidad les limita laboral y socialmente. Y, finalmente, su condición de víctima constituye una tercera desventaja a superar.

Según expusieron las expertas, la prevalencia de la violencia contra las mujeres es mayor en este colectivo y responde a una combinación de factores estructurales, sociales y culturales.

Sin embargo, existen dificultades en cuanto a la detección de estos casos, ya que en muchas ocasiones las propias mujeres no identifican esas violencias y, además, una vez identificadas, muchas veces no reciben la atención adecuada, o no son derivadas a los recursos especializados.

Según indicó a GARA Patricia Abad, directora del INAI, los servicios de atención a la mujer son conscientes de que están recibiendo menos casos de mujeres discapacitadas que los que cabría esperar.

Según el último informe del Nastat, en Nafarroa hay 16.892 mujeres con discapacidad reconocida. Dos de cada tres por razones física y el otro tercio, intelectuales o psicosociales.

En el Centro de Atención Integral de la Violencia Sexual de Nafarroa (Caivs) apenas han tratado una treintena de casos de agresiones a este colectivo. «Por eso sabemos que la realidad está muy invisibilizada y necesitamos buscar el modo de darle la vuelta», asegura Abad.

Nafarroa, desde este año, cuenta con un protocolo específico para el tratamiento de estas víctimas, elaborado por los expertos del Caivs (entre los que hay psicólogas, abogadas, educadoras y trabajadoras sociales) y las asociaciones de personas con discapacidad Asorna, Anfas, Cocemfe, Eunate e Iddeas. Todos los profesionales del Caivs han sido ya formados.

En otros territorios del Estado, según Abad, ni siquiera se lleva un registro sistemático de las denuncias, por lo que no hay forma de contabilizar esta realidad de cara a posteriores estudios, lo que dificulta un análisis.

Por otro lado, la directora del INAI subraya que en la charla marco se abordó uno de los grandes problemas de la interseccionalidad, como es el que las personas que son discriminadas y victimizadas por varias razones no sepan adónde acudir en busca de ayuda.

En muchas ocasiones -explica Abad- se encuentran con que el funcionario les remite a otro Departamento a cumplir con otro trámite por tener una discapacidad y, cuando van a ese lugar, les devuelven al lugar de origen por su condición de víctima. Y lo mismo ocurre cuando el problema viene de una racialización o una situación de residencia irregular.

De ahí que el Instituto Navarro de la Igualad abogue por nuevos protocolos de atención que sean inclusivos y capaces de dar respuesta centralizada a una conjunción compleja de discriminaciones.

Por otro lado, en la jornada se defendió que para una atención verdaderamente inclusiva no solo se debe contar con personal formado, sino también que el espacio y las comunicaciones se adapten a la victima. Y sean, por tanto, accesibles y cómodas para una persona con cualquier tipo de discapacidad, sea esta física, visual, auditiva, intelectual o de carácter psicosocial.