Río de Janeiro sufre la operación policial más letal de su historia

Al menos 132 muertos, 81 detenidos, 100 órdenes de arresto, más de 2.500 agentes de policía movilizados, 50 autobuses de transporte público robados y utilizados como barricadas, acusaciones políticas cruzadas y denuncias por parte de la ONU y Human Rights Watch. Es el resultado de la macrooperación policial que Río de Janeiro vivió el martes contra el Comando Vermelho, una de las más poderosas bandas del crimen organizado en Brasil, en la acción de las fuerzas de seguridad más letal en la historia de la ciudad.

Desde la madrugada del martes, cientos de agentes participaron en un amplio operativo en las favelas de Alemão y Penha, una de las zonas más pobres y violentas de Río de Janeiro. La acción tenía como objetivo capturar al líder del Comando Vermelho, Edgar Alves de Andrade, conocido como Doca, y contener la expansión territorial de esa organización criminal.

El complejo de la Penha se ha convertido en una de las principales bases del proyecto expansionista de ese grupo criminal y que, por estar ubicado cerca de autopistas, se transformó en «un punto estratégico para el tráfico de drogas y armas», según la Fiscalía.

Tras la operación, integrantes del Comando Vermelho bloquearon varias importantes vías en Río de Janeiro y paralizaron parcialmente la ciudad, en respuesta a la ofensiva policial. Autobuses de transporte público fueron robados y utilizados por los narcotraficantes para bloquear calles y avenidas. Un grupo llegó incluso a cerrar durante algunos minutos, con un camión, la principal vía de acceso al aeropuerto internacional de Río de Janeiro. Las autoridades de la ciudad ordenaron su inmediata retirada.

ABANDONADOS A SU SUERTE

Los gobernantes han tratado de pasarse mutuamente la «patata caliente». El gobernador del Estado de Río, cercano al entorno del expresidente Jair Bolsonaro, Cláudio Castro, se quejó de que «Río está solo en esta guerra», criticando la falta de apoyo del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Aun así, miembros del Ejecutivo creen que las declaraciones de Castro, culpando a la falta de apoyo federal por la crisis de seguridad, son una maniobra política de cara a las elecciones previstas para el próximo año.

Aunque en un primer momento el cómputo total de víctimas ascendía a 81, los propios habitantes de las favelas seguían encontrando cuerpos sin vida en las calles de la ciudad. La recuperación de los cadáveres, que ayer continuaba, la estaban llevando a cabo los vecinos con la ayuda de la Defensoría Pública regional, institución encargada de ofrecer asistencia legal gratuita.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos dijo sentirse «horrorizada» por la macrooperación y reclamó una «reforma integral y eficaz» de los métodos policiañes. Human Rights Watch calificó de «desastre» lo sucedido en la excapital brasileña.