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La Organización de Naciones Unidas y el Sáhara: sí, no y ya veremos


La reciente resolución 2797-2025 del Consejo de Seguridad de la ONU, relativa a la prórroga de la Minurso (acrónimo de Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental), ha provocado revuelo en y por los medios de comunicación afines a la postura marroquí respecto al Sáhara. Y, sin embargo, se puede afirmar que no hay nada nuevo en ella con relación a todas las anteriores resoluciones aprobadas cada mes de octubre desde que en 1991 se creó la Misión y que, por encargo de la ONU, redacta EEUU.

Si acaso, lo único que se podría considerar nuevo es el intento de Trump, ese inculto y engreído despreciador del derecho internacional, de que ambas partes negociaran «usando la propuesta de autonomía de Marruecos como el único marco para negociar una solución mutuamente aceptable», según figuraba en el borrador filtrado el 18 de octubre. Rusia advirtió que si no se cambiaba la redacción echaría mano de su derecho de veto, lo que obligó a EEUU a modificar lo expuesto y manifestar que se negocie contemplando que «esta genuina autonomía bajo la soberanía de Marruecos podría constituir una solución más factible». La propuesta marroquí pasaba de ser el único marco de negociación a un potencial «podría» ser la mejor solución, con lo que perdía su carácter exclusivo y daba paso a aceptar que la otra parte negociadora, el Frente Polisario, también «podría» aportar un acuerdo mejor. Por lo demás, el texto aprobado menciona la necesidad de respetar «el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui».

A la vista del contenido de la resolución, es posible hacer un par de reflexiones. En primer lugar, que, aunque se resalta la proposición marroquí, de ninguna manera se legitima, ni su presencia es nueva, pues ya en la resolución 1754-2007 «se toma nota de la propuesta marroquí, considerada seria y creíble». Prueba de su intrascendencia es que, como en todas las anteriores resoluciones, se prorroga por un año la labor de la Minurso que, como indica la «R» del acrónimo, no es otra que la de la realización de un referéndum, torpedeada continuamente por Marruecos. Además, y es un dato positivo, regresa al texto la palabra «autodeterminación», que desde 2018 se había sustituido por eufemismos como «libre determinación» o «solución política», y que ya había sido avalada por la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 1975, que negaba a Marruecos cualquier atisbo de legitimidad a su supuesto derecho a reclamar su soberanía sobre las tierras del Sáhara Occidental. Sentencia hecha pública un mes antes de que Marruecos se adueñara de lo que no era suyo, por la fuerza que le proporcionaron los bombardeos con napalm sobre una población saharaui desarmada.

En segundo lugar, y es la parte negativa, la resolución continúa usando el mismo lenguaje ambiguo utilizado en las que la han precedido, y no se muestra interés por acelerar la ejecución de un referéndum que, de una vez por todas, permita al pueblo saharaui dar fin a su proceso de descolonización mediante unas urnas que decidan su futuro. Una vez más, no se reconviene a Marruecos por entorpecer todo intento de llevar a cabo un referéndum justo, en el que el pueblo saharaui pueda manifestar si desea la integración en Marruecos o prefiere la independencia. Y ello, mientras que el Frente Polisario siempre se ha manifestado dispuesto a aceptar el resultado de un referéndum limpio, dirigido por la propia ONU. Incluso se cae en la contradicción que supone resaltar la propuesta marroquí y, a la vez, defender el derecho de autodeterminación saharaui, cuando se sabe que la proposición de Marruecos niega tal derecho a los saharauis, por considerarlo un atentado contra «su integridad territorial». Es el absurdo que se produce cuando se pretende dar la sensación de respetar los principios de la ONU y del derecho internacional, a la vez que se realza la tesis del invasor.

Denegar las salidas democráticas a un pueblo solo puede llevar a la desesperación y consiguiente resultado catastrófico, como estamos viendo en Gaza. Si de algo se puede acusar al pueblo saharaui es de ingenuidad cuando aceptó en 1991 finalizar la guerra, creyendo que una dictadura como la marroquí cumpliría los términos del acuerdo, que estipulaban que las dos partes aceptarían el resultado de un referéndum en el que se pudiera votar a favor de la integración en Marruecos o de la independencia. Ingenuidad que ha llevado a unos a vivir en campos de refugiados en Argelia, a otros a sufrir el exilio y a padecer desapariciones y torturas a quienes se han arriesgado a mantenerse en un Sáhara ocupado por un invasor.

Y termino con una pregunta: Si se aceptara la propuesta marroquí de una autonomía para los saharauis dentro de Marruecos, ¿cómo podríamos estar seguros de que una dictadura como la marroquí aceptaría la descentralización, máxime cuando no ha cumplido con el acuerdo que le exigía permitir un referéndum y, encima, sabiendo que los ciudadanos marroquíes preguntarían por qué una autonomía para los saharauis y no para Sus-Massa o Tánger-Tetuán? No, contra la mentira de Sánchez, sus amigos de la UE y su cordial enemigo de EEUU, que proclaman que es una propuesta creíble, está la verdad: una dictadura siempre sujetará férreamente a sus ciudadanos.