Vecinos y vecinas reclaman respuestas a unos políticos que no aparecen

No han querido dar la cara». Estas palabras resumen el sentir de muchos vecinos y vecinas de Arana, Arantzabela, Aranbizkarra, Salburua y Santa Lucía. Cinco barrios de Gasteiz que convergen en un punto: la antigua clínica Arana. O residencia Arana. Un edificio en el que el Gobierno español pretende abrir un centro de atención a personas refugiadas. Hace más de dos años se anunciaron 350 plazas, pero recientemente la alcaldesa, Maider Etxebarria, afirmó que finalmente serán 200. A quienes viven cerca poco les importa el número. Existen dudas, y un enfado creciente ante el silencio de unas instituciones que en los últimas semanas han rechazado participar en asambleas vecinales. El pasado 20 de octubre los responsables del Instituto Foral de Bienestar Social no acudieron a la cita organizada por Aranako. Ayer, el diputado de Políticas Sociales de Araba, Gorka Urtaran, y la delegada del Gobierno español, Marisol Garmendia, no asistieron a la mesa redonda organizada por Babestu y Zazpigarren Alaba en Arantzabela Ikastola.

Según explicó Guillermo Perea, representante de la asociación vecinal, unos dijeron que «no iba con ellos este tema» y otros argumentaron «problemas de agenda». «Que no quieren hablar», resumió una mujer desde la grada, convertida en un foro en el que se plantearon opiniones y preguntas. Dudas razonables de una ciudadanía que lleva más de quince años reclamando el uso como geriátrico de las instalaciones. Una idea rechazada por la Diputación, que llegó a advertir de aluminosis en el edificio. Sin embargo, el pasado mes de junio Marisol Garmendia desmintió tal afección. «Se puso en subasta dos veces. Nadie lo compró. Ni Diputación, ni Ayuntamiento, ni Gobierno Vasco. [...] Y podía haber seguido siendo residencia. Si no han querido, allá ellos», señaló en un coloquio organizado en Arana.

Garmendia estuvo en Arana, y también en Salburua, pero, al parecer, no aceptó la invitación de Zazpigarren Alaba «a pesar del compromiso que asumió en la reunión del 18 de junio». Perea reconoció que no compartían el formato de mesa redonda, pero finalmente cedieron y trataron de acordar una fecha en septiembre y otra en octubre. En noviembre tampoco ha podido ser. «No solo es una injusticia lo que están realizando, es un desprecio a las propuestas que hemos realizado», aseveró, incidiendo en que la mayoría de los partidos rechazan un proyecto impulsado por el Ejecutivo español y defendido a capa y espada por el PSE en las instituciones vascas.

POSICIÓN POLÍTICA

EH Bildu y Elkarrekin critican el modelo, en concreto la idea de abrir un centro que congregue a centenares de personas. «Un modelo de 350 o de 200 plazas no es adecuado porque no apoya a la inclusión y porque no ayuda a la atención personalizada. Responde al modelo low cost aplicado por el PSOE, que lo único que ha tenido en cuenta es dónde tiene un espacio de su propiedad para lanzar el proyecto», señaló el pasado mes de septiembre Rocío Vitero, portavoz soberanista en el Consistorio de Gasteiz. Advirtió que «no han tenido en cuenta los sistemas de protección que son necesarios para poder atender a este volumen de personas. No han tenido en cuenta los servicios sociales, el ámbito escolar, los centros de salud, vivienda y un largo etc.». «No tiene en cuenta ni a las personas que va a dar acogida ni a la ciudad», resumió.

Y el PNV se empeña en defender el «modelo vasco de acogida», un modelo que no está dando respuesta a las personas procedentes de Mali que viven en la calle en Gasteiz, cobijados en los soportales de la calle Madrid y de la calle Oñati, frente a la comisaría de la Policía española, a la espera de poder solicitar asilo.

PP y Vox, por su parte, juegan a azuzar el miedo, augurando una «presión migratoria sin precedentes». La concejala Marta Alaña habló de «puertas abiertas» y «absoluto descontrol», y sus compañeros de filas del PP han aprovechado la oposición vecinal para recoger firmas en la calle. Una estrategia que ya utilizó el exalcalde Javier Maroto, el mismo que acusó a las personas procedentes del Magreb de venir a «vivir de las ayudas sociales», y la plataforma “Ayudas+Justas”.

MAYORÍA PROGRESISTA

Las diferencias políticas han dado pie a una escena inusual en el Parlamento de Gasteiz. La semana pasada, gracias precisamente a una iniciativa fallida del PP, se produjo un acercamiento entre EH Bildu, PSE y Sumar, que visibilizaron «la mayoría progresista del Parlamento». Las parlamentarias Amancay Villalba, de EH Bildu, Patricia Campelo, del PSE, y el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, comparecieron juntos antes los medios para alertar de que «vivimos tiempos oscuros en los que el auge del autoritarismo nos obliga a ser especialmente responsables a la hora de afrontar debates complejos. Por eso, hoy volvemos a manifestar que no todo vale por un puñado de votos y que no son aceptables los discursos que, anteponiendo intereses partidistas, alimentan posiciones que ponen en riesgo la cohesión social».

A continuación, leyeron la enmienda que habían acordado y debía aprobarse en el pleno, un texto que va más allá de un sí o un no al centro de refugiados de Arana. En él manifiestan su compromiso con los derechos humanos y con la acogida responsable. Reiteran el respeto a la dignidad de todas las personas, «especialmente de aquellos que se ven obligados a huir de sus países por conflictos bélicos, persecución política o razones humanitarias», y llaman a la responsabilidad de los actores políticos institucionales «en la construcción de un discurso basado en los derechos humanos y la convivencia». Así, expresan «la necesidad de colaboración de las instituciones para garantizar una acogida adecuada, inclusiva y respetuosa, basada en la solidaridad y en el rechazo a cualquier forma de xenofobia o discurso discriminatorio».

En el segundo punto se insta al Gobierno español a abordar «un diálogo constructivo» junto a Lakua, la Diputación de Araba y el Ayuntamiento de Gasteiz, «con el fin de consensuar el diseño, desarrollo y gestión de los recursos y servicios vinculados al proyecto del nuevo Centro de Protección Internacional en Arana». E inciden en que «este diálogo deberá abarcar, al menos, una planificación adecuada de sus infraestructuras, el dimensionamiento y alcance del recurso, la previsión de servicios sociales, sanitarios y educativos que cubran las nuevas necesidades generadas, así como el diálogo con el tercer sector social local». Además, reclaman canales de información y participación ciudadana.

Es preciso responder cara a cara a los vecinos. Dar explicaciones sobre un proyecto que no han pedido. Atender sus dudas y evitar que se propaguen bulos y mentiras pregonados por la extrema derecha.