Llevan al TC dos desahucios con fecha abierta ejecutados en Iruñea pese a estar prohibidos

Al Tribunal Constitucional español ha elevado el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria un recurso por dos desahucios con fecha abierta ejecutados en Iruñea a pesar de estar prohibidos expresamente por ley.

La presentación del recurso fue anunciada ayer por el portavoz del citado sindicato, Iker Narbona, en una comparecencia ante los medios en la que recalcó que «debemos utilizar todos los cauces necesarios para que este tipo de actuaciones no queden impunes».

Por el momento, no saben si el TC lo admitirá, ni cómo responderá ante el que es «el primer recurso, que tengamos conocimiento, que se pone desde que está en vigor la Ley estatal de Vivienda, que cuando se anunció, precisamente uno de los puntos positivos destacados por sus promotores era que se prohibía los desahucios con fecha abierta. Y en estos dos casos, se ha quebrantado este principio».

A pesar de que «sabemos que los juzgados blindan su impunidad la mayoría de las ocasiones, creemos que, aun así, hay que recurrir por todas las vías. Se trata de sentar un precedente que no deje a la libre interpretación del juez que se puedan ejecutar desahucios con fecha abierta».

Los dos casos a los que se hace referencia se registraron el pasado mes de junio en Alde Zaharra de Iruñea, a pesar de que tanto la citada norma como la Ley de Enjuiciamiento Civil prohíben los desahucios «en abierto».

LOS DOS CASOS

El primero arrancó el 4 de junio en la calle San Lorenzo con el objetivo de «echar a Ana Belén de su casa, en la que llevaba de alquiler diez años, pero un gran propietario particular decidió no renovarle el contrato y echarle».

Ante ese anuncio, desde el sindicato «intentamos organizar una respuesta y defendimos la elección de Ana Belén de no irse de ahí. En un primer momento se consiguió parar, pero una semana más tarde consiguieron echarle con una especie de trampa».

Esa persona fue alojada en «un piso compartido del Ayuntamiento, donde dispone de una habitación que no se ajusta a sus necesidades, ya que sufre una enfermedad terminal».

El segundo desahucio tuvo lugar en la calle Jarauta, estaba fijado para el 19 de junio y afectaba a una mujer y su hijo. Habían entrado a vivir en ese piso «con un contrato de alquiler que resultó ser fraudulento y el procedimiento de desahucio fue por ocupación».

Ante el anuncio de fecha, «se organizó una respuesta y se consiguió paralizar con más de 200 personas en la calle Jarauta. Pero al día siguiente, el 20 de junio, ejecutaron el desahucio sin notificación».

Una vez realizado, «contra su voluntad, les llevaron a la habitación de un hotel, una alternativa que ya habían dicho que no se ajustaba a sus necesidades. Seguimos presionando a las instituciones y como no había respuesta, decidió entrar a un piso vacío del Ayuntamiento y, por lo menos, vive en mejores condiciones», explicó Narbona.