Sidenor alega que dejó de vender a Israel en julio y que no hacía falta permiso

Sidenor afirmó que «ha ofrecido pruebas en la Audiencia Nacional que demuestran que no ha cometido irregularidad alguna en las ventas de acero a Israel», después de que el presidente de la compañía, José Antonio Jainaga, y otros dos directivos de la metalúrgica pasaran por este tribunal para responder a una causa abierta por la venta de acero a la empresa israelí IMI (Israel Military Industries), dedicada a la fabricación de armamento.

Los directivos de la metalúrgica vasca han sido acusados por una organización de derechos humanos catalana de contrabando, en base a la Ley Orgánica de Represión de Contrabando, y también de un delito de participación por complicidad en un crimen de lesa humanidad.

Al respecto, Sidenor sostiene que «en el momento de realizar dichas ventas no existía ninguna limitación en las relaciones comerciales con ese país; las entregas se cancelaron por decisión de Sidenor en el mes de julio, casi tres meses antes de que el Gobierno español decretase el embargo».

Para entonces, el genocidio en Gaza se había endurecido tras 21 meses y la decisión fue adoptada después de que colectivos como BZD y sindicatos señalaran directamente a la empresa por estos tratos comerciales.

La empresa dirigida por Jainaga añadió que el acero que Sidenor vendió a Israel no figura entre los productos sometidos a un control especial por parte de la Administración, por lo que «no precisa estar incluido en ningún registro específico ni haber solicitado una autorización previa para su exportación a países no sometidos a embargo». Sostuvo que tampoco ha recibido «en ningún momento comunicación alguna» por parte de las autoridades españolas o europeas sobre limitaciones excepcionales en las ventas de acero a Israel».

Frente a ello, el abogado de la acusación señaló que el único destino posible de ese acero solo podía ser la fabricación de armamento, dado que es la única actividad de IMI y recordó que ese material se podía transformar en destino.

LAKUA Y TALGO

Por su parte, el Gobierno de Lakua comunicó que recibió ayer mismo las explicaciones que había pedido a Jainaga sobre este caso y que «clarifican algunas informaciones aparecidas hasta la fecha».

El consejero de Industria, Mikel Jauregi, volvió a desvincular este proceso de la operación para que el consorcio liderado por Sidenor y participado por Lakua entre en la propiedad de Talgo, y que la junta de accionistas del fabricante de trenes aprobará el próximo 12 de diciembre.

LAB denunció que el Departamento de Industria «regalará al menos 45 millones para que compre la empresa Talgo» al grupo acusado de colaborar con el genocidio, y «regar con dinero público a una empresa privada sin exigir ninguna garantía de empleo ni de condiciones laborales».