Belate obliga a cambios y a mirar también hacia las constructoras

El debate sobre el Estado de la Comunidad evidencia que el supuesto amaño de las obras del desdoblamiento de los túneles de Belate difícilmente va a quedar circunscrito a la comisión de investigación. Los testimonios de todos los miembros que votaron ya han pasado por la comisión y permiten sacar las primeras conclusiones.

Nafarroa lanzó la licitación más cara de la década, por valor de 68 millones. Es un infierno desde el punto de vista de la ingeniería, dada la composición geológica del monte y el río que corre por su interior. Europa exige desde 2004 que, por seguridad, haya dos túneles y no solo uno. Lo que se juega Nafarroa es que cierren el túnel. De ahí, las prisas.

Siete empresas se presentan a quedarse las obras: Ferrovial, Sacyr, Copisa, Acciona, FCC, Mariezcurrena y Obenasa. Todas, salvo Ferrovial, lo hacen en UTE (unión temporal de empresas) donde hay una firma grande y otras, locales.

Todos los miembros de la mesa de contratación dan por hecho que la puntuación del proyecto técnico va a decidir al ganador, porque estas empresas van siempre al precio máximo de la horquilla de licitación (quédense con el dato, pues volveremos a él al final).

El Gobierno conforma una mesa reforzada con participación de cinco funcionarios ingenieros asistidos por tres miembros con «perfil jurídico». Y pasan cosas.

Un ingeniero entra en el despacho de Jesús Muñoz, el interventor. Le lanza una advertencia: «Las obras se las va a llevar Acciona». Muñoz se pone en alerta, se «inquieta». O eso contó a la comisión: «Nunca me había pasado una situación así».

No es el único al que le ocurre. Los rumores de que se trataba de un concurso amañado (cuyo origen no se ha descubierto) llegan por distintas vías. Los rumores se vuelven una presión añadida y se discute de ellos en las reuniones.

La profecía se cumple. Acciona gana en el apartado técnico por poquito: 0,53 puntos.

ESTOS RESULTADOS FUERON COMUNICADOS POR EL PRESIDENTE DE LA MESA AL RESTO.

Es un ingeniero de Caminos, Canales y Puertos que sigue en activo a sus 73 años gracias a una prórroga presupuestaria aprobada por el PSN: Jesús Polo.

La versión del interventor, del secretario y del tercer vocal de perfil jurídico es que, en vista de los rumores, ellos quisieron ahondar más de lo habitual en cómo se puntuó. Y lo que encuentran, no les gustó.

Los ingenieros explican que, uno por uno, han ido remitiendo sus puntuaciones al presidente, que este las pasó a un Excel junto con las suyas propias y que se realizó un promedio.

Los jurídicos les dicen que el método tiene una falla dado que, si uno de ellos (el presidente) dispuso de todas las demás puntuaciones, tuvo en su mano acomodar las suyas para escoger al ganador.

Polo se enfada. Lógico. Entiende que se pone en cuestión «su honestidad».

Ingenieros y jurídicos se distancian. Los jurídicos exigen que mejoren la argumentación de sus puntuaciones. Es evidente que recelan.

Exigen que, en cada uno de los cinco subapartados, precisen en qué es mejor una propuesta que otra. Los técnicos hacen cinco versiones.

Pero esas no eran las puntuaciones de nadie, sino medias no consensuadas y, por ello, difíciles de justificar. Y además, hay siete candidatos. Argumentar en qué es mejor y peor cada proyecto con respecto a otros seis es complicado.

El ambiente se enrarece más. La mesa acaba en una especie de tormenta de ideas. Algunas descabelladas (quitar las puntuaciones más altas y más bajas), otras complejas (cambiar las puntuaciones de Polo por las de un sustituto).

No se ponen de acuerdo. Los técnicos hacen valer su mayoría en la mesa y, por cinco a tres, tiran para adelante.

LOS OTROS EMITEN VOTOS PARTICULARES Y REPAROS, PERO NO SON SUSPENSIVOS.

Ergo, no bloquean el procedimiento -pudieron hacerlo-, sino que delegan la responsabilidad en el escalafón siguiente.

En esos votos se sostiene que el presidente votó en último lugar. No se dice que adaptó sus números, pero sí se da por hecho que votó el último.

Polo (tras dejar que la versión cuajara en la opinión pública y en las resoluciones de la Oficina Anticorrupción) sorprende en la comisión diciendo que él votó en tercer lugar, aunque no dispone de documentación que lo acredite.

Los jurídicos improvisan su respuesta. Sostienen que el problema no era que Polo votara el último, sino que la mera posibilidad deja «viciado» el proceso. Polo responde que en todas sus mesas se ha puntuado de esta manera y que nunca le pusieron pegas antes.

Las votaciones del presidente están lo suficientemente alejadas del resto como para cuadrar con una puntuación adaptada para escoger ganador. Sin sus puntuaciones, ganaba Mariezcurrena. También es verdad que otros dos ingenieros escogen a Acciona como la mejor. Acciona no salió de la chistera del presidente.

Polo comete el error de criticar las puntuaciones de otro vocal (su subalterno) y comenta con un tercero que no le gusta una de las empresas que va en UTE con Mariezcurrena.

¿Es suficiente esto como para considerarle culpable? No. Falta algo más. Corroborarlo está fuera del alcance de la comisión. Siempre lo estuvo. Acaso lo aclare un juez. No conviene olvidar que la Guardia Civil investiga también y que el viernes registró dos sedes de Acciona.

En definitiva, hay elementos sobrados como para que la duda no se disipe. Y hay intereses en que no se disipe.

Estas dudas hacen daño. Polo aseguró que su familia y él lo están pasando muy mal. Otro de los ingenieros calificó todo de «pesadilla». El secretario acabó siendo reubicado en otro puesto (la Oficina Anticorrupción denunció que fue una represalia).

Los que se opusieron a la concesión están sufriendo ataques velados que sugieren que, en realidad, defienden intereses de un tercero.

TODO ES HORRIBLE, TREMENDO EN EL PLANO PERSONAL. SEMEJANTE NIVEL DE EXPOSICIÓN PARA UN GRUPO DE FUNCIONARIOS DE CARRERA NO ES CORRECTA

. No es de extrañar que alguien lo somatice de algún modo.

Es entendible que Polo se sienta herido por el hecho de que se dude de su honestidad, pero también innegable que una concesión de 68 millones de euros no puede depender de la honestidad de una única persona. El espíritu de la ley busca órganos colegiados donde los que la capacidad de influencia de las empresas se presume menor.

El sentido común dicta que los funcionarios que tienen que plantar cara a unas constructoras que se comportan como un cártel tienen que estar empoderados, protegidos, ser intocables, estar orgullosos de su rol y de su independencia (algún guiño bonito se ha visto en comisión). De ahí que lo sucedido en Belate sea justo lo que no tiene que pasar.

La comisión de investigación, por tanto, tiene trabajo: blindarles, protegerles y diseñar otro modelo, en la medida de lo posible, incorruptible.

Porque muchas empresas que se dedican a la obra pública no compiten entre sí, sino que se reparten el pastel. Han sido condenadas por ello, pero la sanción no es firme. Acciona pudo presentarse a la concesión de Belate únicamente porque la sanción de la CNMC por repartirse los contratos de obra pública durante 25 años está recurrida. De ser firme, no solo Acciona estaría imposibilitada. Tampoco podría haber licitado Ferrovial ni FCC ni Dragados ni Sacyr. Cinco de las siete que se presentaron.

Por tanto, cabe preguntarse si existió en Belate indicio de esta colusión (pacto ilícito en perjuicio de tercero) por parte de las empresas concurrentes.

Y es ahora cuando hay que traer el dato apuntado antes, el de que todos los miembros de la mesa daban por hecho que la puntuación técnica sería determinante, porque dentro los sobres económicos de todas las empresas aparecería el coste máximo permitido.

Esto implica que se escogiera una empresa u otra, la ganadora sangraría lo máximo posible de las arcas públicas. Suena a saqueo sistémico.

Pregunta UPN con insistencia dónde están movimientos como el de Kontuz y la gente que se echó a la calle. La respuesta es evidente: aquí.