El TSJPV anula exigir el perfil C1 para celador de obras públicas en Bizkaia

CCOO Euskadi señaló ayer en un comunicado que el TSJPV ha anulado la exclusión de trabajadoras interinas por no acreditar el perfil de euskara C1 en las plazas de celador de obras públicas de la Diputación de Bizkaia. La exigencia de este nivel lingüístico para diez de las once plazas convocadas, el 91%, «ha sido declarada desproporcionada y, por lo tanto, discriminatoria, para estos puestos en los que se requiere una titulación de Formación Profesional o Bachillerato», aseguró.

Destacó que las trabajadoras llevaban «años trabajando con contratos temporales» y acreditaban perfiles lingüísticos B1 y B2. Indicó que «los derechos lingüísticos y laborales son perfectamente compatibles, respetando las proporcionalidades sociolingüísticas». «Según el artículo 25 del Decreto 9/2024 del Gobierno Vasco, el índice de obligado cumplimiento para la Diputación de Bizkaia en este momento es del 46,47% de plazas, ampliamente incumplido en la convocatoria anulada», criticó.

Asimismo, CCOO Euskadi indicó que el proceso de estabilización de Lakua en lo que se refiere a secretarios-interventores municipales «ha excluido al 30% de trabajadores con más méritos, por no tener el perfil lingüístico C2, el nivel más alto posible».

FUNCIÓN PÚBLICA

Los sindicatos ELA y LAB, por su parte, mostraron ayer su apoyo a la propuesta normativa de EH Bildu -exigencia de acreditar un conocimiento adecuado del euskara y del castellano, tanto oral como escrito, en función de las tareas propias de cada plaza, aunque prevé excepciones- para equiparar totalmente el euskara al castellano en las administraciones de la CAV y consideraron que la que defiende el PNV no soluciona la «ofensiva judicial» contra la lengua vasca, ni equipara ambos idiomas.

Durante una comisión parlamentaria, el responsable de euskara de ELA, Pello Igeregi, aseguró que la del PNV mantiene dicha lengua «como idioma de segundo nivel», mientras que la de EH Bildu «puede ser una buena propuesta» porque respeta todos los derechos lingüísticos.

Por parte de LAB, la responsable de Enseñanza, Irati Tobar, y el secretario de euskara, Urko Ayerbe, sostuvieron que lo que propone el PNV «no va a ofrecer seguridad jurídica alguna», frente al cambio normativo de EH Bildu, que supone «un salto» para igualar euskara y castellano como lenguas de servicio y de trabajo. «Lo que es discriminatorio es no poder trabajar en euskara. Necesitamos seguridad jurídica y que las dos lenguas tengan el mismo tratamiento», señaló.