Euskararen Erakunde Publikoa evita la ruptura, pero su financiación se estanca

Tras semanas de debates y negociaciones, el resultado es prácticamente el mismo. Los cuatro socios fundadores de Euskararen Erakunde Publikoa (EPP) incrementarán su aportación en 100.000 euros cada uno de ellos.

Esto era lo que temía la Mancomunidad Vasca y lo que deseaba el Estado francés, que ha visto cómo los Gobiernos regional y departamental finalmente seguían a su rueda, tal y como se comprobó ayer en la Asamblea General.

Además de formalizar el aumento de la aportación básica de cada socio de 860.000 euros a solo 960.000, a partir de 2026, los socios de Euskararen Erakunde Publikoa acordaron el objetivo de alcanzar el 30% de euskaldunes para el año 2050. La tasa se sitúa actualmente en el 20%.

Al mismo tiempo, establecieron un nuevo foro, una conferencia de financiadores que se reunirá cada dos años para analizar la eficacia de las políticas implementadas en relación con este objetivo. Basarán el análisis en hojas de ruta que se actualizarán cada año.

En consonancia con estas tres decisiones, todos los socios acordaron suscribir el nuevo convenio fundacional de la OPLB. Los representantes de la Mancomunidad también accedieron, a pesar de que en junio amenazaron con no firmar si la aportación básica no aumentaba en 300.000 euros, después de que París anunciara un límite de 100.000.

«Salimos de esta asamblea general con un sentimiento de enfado, ya que tras dos años de debates no hemos conseguido que los otros tres socios se avengan, declaró con amargura Antton Curutcharry.

Se ha preferido preservar el futuro de EPP antes que verlo desaparecer en su forma actual. «Y no queríamos asestar un golpe más a las dificultades que afronta el mundo del euskara», explicó el vicepresidente de la Mancomunidad, responsable a la vez de la política lingüística.

«Seguiremos esforzándonos por convencer a nuestros socios», aseguró junto a los otros tres representantes de la Mancomunidad: Alain Iriart, Chantal Erguy y Christine Martin-Dholagaray.

Para la representante del consejo departamental, Annick Trounday, que hasta ahora se había negado a aumentar su contribución, la firma del acuerdo representa «una victoria para el debate y el intercambio de ideas, que nos ha permitido avanzar juntos». Afirmó que todos los socios comparten el mismo objetivo, pero que «no todos estamos de acuerdo en cómo lograrlo», reconoció.