La Iglesia católica abonará las indemnizaciones a víctimas de abusos

El Gobierno español y la Iglesia católica oficializaron ayer un acuerdo para la atención a las víctimas de abusos sexuales a través del Defensor del Pueblo, que supone que la Conferencia Episcopal y la de Religiosos aceptan el pago de indemnizaciones al margen del sistema impulsado inicialmente por la jerarquía eclesial y que tantos recelos genera.

Ambas partes cierran así un diálogo del que han estado pendiente las personas que durante décadas sufrieron, primero, las agresiones y han visto, luego, cómo no han sido reparadas. A nadie se le escapa el papel que ha jugado la Santa Sede, ya que sectores de la jerarquía católica eran contrarios a los planteamientos del Ejecutivo español.

Han pasado dos meses desde que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, prometió a las víctimas que «en breve habrá noticias» sobre el diálogo con la jerarquía católica para crear un órgano que repare a quienes sufrieron agresiones de religiosos y ayer se produjo el anuncio.

Bolaños, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; y Jesús Díaz Sariego, de la de Religiosos (Confer), rubricaron en Madrid un acuerdo en el que se establecen las bases para el cumplimiento de la recomendación del Defensor del Pueblo para la reparación a víctimas cuyos casos han prescrito o para los que se ha extinguido la acción penal.

«EL ESTADO NO ABONARÁ UN CÉNTIMO»

«Hoy podemos decir que la democracia cumple con las víctimas», subrayó el ministro, que consideró que se salda una «deuda histórica y moral» después de décadas de «silencio y dolor». Bolaños destacó que las indemnizaciones correrán a cargo de la Iglesia y que «el Estado no abonará un céntimo». Precisó que será el Estado quien fije la cantidad y la Iglesia la pagará.

Aseguró que el acuerdo se ha alcanzado tras una «negociación compleja, ardua, dura y larga», donde finalmente encontraron un «punto de equilibrio», y agradeció la mediación de la Santa Sede para lograrlo. En concreto, mostró su agradecimiento a los papas Francisco y León XIV, y al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin.

En un comunicado emitido por la CEE se incidió en que se trata de «una vía temporal» con una duración de un año -prorrogable otro- y que el sistema «no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes».

Este acuerdo de reconocimiento y reparación, tendrá el criterio técnico de la Oficina del Defensor del Pueblo, la evaluación de la Comisión del Priva, el consenso Iglesia católica-Estado y la participación de las víctimas. La Defensoría del Pueblo estudiará los casos presentados y propondrá un cauce de reparación que será estudiado y evaluado por la Comisión Priva establecida por la Iglesia. Los criterios de valoración de los casos y de la baremación de la reparación de la Oficina del Defensor del Pueblo y de la Comisión Priva serán homogéneos.

En caso de discrepancia, una comisión mixta estudiará el caso que, en última instancia, será establecido por el Defensor del Pueblo tras escuchar al presidente de la CEE o de la Confer, según el caso.

Para la firma del acuerdo, según indicaron desde la CEE, el Ejecutivo se ha comprometido, como solicitaba la Iglesia, a abordar la reparación integral de todos los menores víctimas de abusos sexuales en cualquier ámbito de la vida pública. Además, ha aceptado que las indemnizaciones estén exentas de tributación, especialmente en el Impuesto sobre la Renta.

EL PLAZO NO SERÁ UN PROBLEMA

En cuanto al plazo, el ministro afirmó que «en ningún caso la voluntad del Gobierno es que este límite temporal pueda ser un problema para nadie» y que «si es necesario extenderlo, se extenderá», pero señaló que «un año prorrogable a dos años es un tiempo más que suficiente para que todas las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia católica puedan iniciar el procedimiento».