Alertan del riesgo de tres desahucios al negarles sus caseros la prórroga del alquiler

Stop Desahucios alertó ayer que tres familias que viven en pisos alquilados en Donostia y Errenteria, sin deudas por impago, corren el riesgo de ser desahuciadas debido a que sus arrendadores han interpuesto demandas judiciales porque «se niegan a concederles las prórrogas que les corresponden por ley».

Así lo denunció la portavoz de Stop Desahucios, Rosa García, en una concentración con rueda de prensa que celebraron activistas de la plataforma en el Boulevard donostiarra, junto a algunos de los afectados y cargos públicos de EH Bildu y Elkarrekin Podemos.

García advirtió de que además hay otras 26 familias en Gipuzkoa que han pedido apoyo a la plataforma porque están a la espera de que sus respectivos caseros les respondan a sus solicitudes de prórrogas extraordinarias, al finalizar sus contratos de alquiler y acogerse a «la disposición final primera de la Ley de Vivienda» estatal de 2023.

En el caso de los tres demandados ante los juzgados, los arrendadores «se han negado» a concederles las prórrogas solicitadas porque, según dijo, entienden que esa posibilidad solo es aplicable a contratos firmados a partir de la entrada en vigor de dicha legislación. «Si se admite esto, sería echar por el sumidero la Ley de Vivienda y sus medidas», aseveró.

García defendió que dichas extensiones extraordinarias -de hasta 3 años en municipios declarados tensionados y de 1 año en el resto- son aplicables a todos los contratos de arrendamiento que estaban vigentes el 25 de mayo de 2023, cuando la ley se publicó en el BOE, «independientemente de si fueron o no firmados antes de esa fecha».

La activista antidesahucios señaló que, «es más», el Departamento de Vivienda de Lakua «reconoce en su página web» la validez de la aplicación de esas prórrogas «para todos los contratos de alquiler vigentes en esa fecha» e incluso esta institución ha avanzado que, durante este 2026, está prevista la finalización de casi 25.700 contratos que podrían acogerse a estas prórrogas.

«INADMISIBLE»

«Es inadmisible -destacó- que, en medio de la crisis habitacional, que impide acceder a una vivienda digna a miles de familias por los impagables precios de alquiler, existan grandes tenedores y también pequeños rentistas que conculquen la Ley de Vivienda y quieran seguir especulando».

Hizo un llamamiento a «la sensibilidad social» y, sobre todo, al «estamento judicial» a la hora de acreditar la validez de esas prórrogas extraordinarias porque, de lo contrario, «habrá un tsunami de desahucios» de inquilinos en los próximos meses.

A los partidos políticos y a las instituciones de la CAV, les exigió que «hagan cumplir la ley y las medidas» aprobadas para paliar el problema de la vivienda.

Denuncian tres intentos de lanzamiento ilegal en menos de 48 horas en Bizkaia

El Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria denunció tres actuaciones de la empresa Desocupa Castilla y León (Desokupacyl) en distintos puntos de Bizkaia en menos de dos días. En ninguno de ellos se llegó a ejecutar el lanzamiento.

El primero de ellos se registró el jueves por la noche, cuando miembros de la empresa Desokupacyl se presentaron en un domicilio del barrio San Antonio de Zornotza con la intención de desalojar de manera ilegal a una mujer que vive de alquiler.

Según informó el Sindicato Socialista de Vivienda, en cuanto se tuvo conocimiento de la situación, se pusieron en contacto con la persona afectada. El desahucio no se produjo. Desde la organización señalaron que se trató del primer contacto de la empresa, que dio un ultimátum a la mujer para que abandonara la vivienda, por lo que «se esperan nuevas visitas por parte de la empresa de desokupación».

Previamente, el miércoles al mediodía, Desokupacyl acudió al barrio bilbaino de Zorrotza. La actuación iba dirigida contra una mujer que comparte piso y no dispone de un contrato de alquiler regular.

Tras conocer los hechos, miembros de los sindicatos de vivienda y residentes del barrio acudieron al domicilio para apoyar a la afectada. La empresa dio un ultimátum para que abandonara la vivienda el próximo 15 de febrero. El intento de desahucio no se ejecutó y, según el Sindicato, «habrá nuevas visitas».

El jueves, a las 20.00, se produjo una actuación en el barrio de Burtzeña, en Barakaldo. La vivienda está habitada por una familia con tres menores y en situación de vulnerabilidad.

La primera visita de la empresa de desocupación tuvo lugar en diciembre. Desde entonces, el Sindicato Socialista de Vivienda se ha puesto en contacto con la familia, iniciando procesos para protegerla jurídicamente frente a la empresa. Paralelamente, se ha desarrollado un trabajo de agitación y concienciación en el barrio «contra las empresas fascistas de desokupación». El desahucio tampoco se ejecutó en este caso, aunque se esperan nuevas visitas. GARA