Fronteras externalizadas y trámites saturados contra el derecho de asilo

La humanidad atraviesa su momento de mayor conflictividad internacional desde la Segunda Guerra Mundial. Son 56 los denominados “conflictos armados activos” que hoy condicionan gran parte del porvenir de la humanidad. Lejos de ser problemas locales, los desplazamientos, la destrucción y las muertes causadas por los enfrentamientos trascienden las fronteras de los territorios sobre los que caen las bombas y se disparan las balas. Y ¿qué son los conflictos sino las personas que los sufren? Alrededor de 83,4 millones de personas en todo el mundo han sido desplazadas de sus hogares por las guerras que las rodean.

Así, y poniendo las cifras en perspectiva, los números publicados esta semana por CEAR -la Comisión Española de Ayuda al Refugiado- sobre los solicitantes de asilo son ínfimos comparados con la magnitud de la crisis a escala global. Por definición, los solicitantes de asilo son aquellas personas que han pedido el reconocimiento de la condición de refugiado, pero que aún no han recibido una respuesta a su solicitud.

La organización informó de que 8.463 personas habían solicitado asilo en Hego Euskal Herria durante el año pasado. Huyendo de conflictos, masacres y persecuciones, 5.034 personas llegaron a Bizkaia, 1.415 a Nafarroa, 1.264 a Araba y 750 a Gipuzkoa.

Detrás de las cifras, casos como el de los migrantes malienses de Gasteiz y Donostia dejan al descubierto la disfuncionalidad de un sistema de acogida que antepone la burocracia y el reparto de competencias al bienestar y la dignidad de los solicitantes. Paralelamente a las gestiones administrativas, organizaciones como CEAR desempeñan un trabajo fundamental mediante un proceso de acompañamiento que no se limita únicamente al ámbito legal e institucional, sino también al personal.

PERSONAS, NO CIFRAS

«Miedo a quedar en irregularidad, ansiedad por las dificultades en el acceso al procedimiento de protección internacional, a no poder acceder al procedimiento de asilo, a enfrentar los trámites burocráticos sin conocer siquiera el idioma. Temor a la persecución que dejaron atrás e incertidumbre por empezar de cero en el país de acogida», indica CEAR Euskadi a GARA, tras ser consultada por los principales miedos de los solicitantes cuando llegan.

La organización subraya el temor de las mujeres víctimas de violencia de género «a ser revictimizadas por los cuestionarios y las peticiones de pruebas», así como el miedo recurrente de personas que han huido de Gaza a «no volver a ver a sus familiares, que siguen enfrentando el genocidio». Muchos de los solicitantes de asilo no solo desconocen el idioma, sino que se dejan guiar por el boca a boca de otros que han conseguido el estatus de refugiado. Así, muchos se desplazan -o son desplazados- sin tener apenas información sobre el destino hacia el que se dirigen.

«A las personas solicitantes de asilo, como a cualquier ciudadana de Euskadi, les atraviesan los mismos problemas, solo que, en este caso, agravados por ser migrantes forzosos», apunta CEAR. En este aspecto, la organización urge a «mejorar la coordinación institucional y combatir los discursos de odio», además de avanzar por un «enfoques interseccionales» aplicados a las políticas cotidianas.

Calificando el sistema estatal de acogida como «lento y complejo», CEAR Euskadi resalta que «a nivel social, la red de acogida es sólida en Euskadi», aunque existen diferencias entre los territorios a la hora de tramitar el asilo. De esta manera, la organización indica que, en cuanto al procedimiento, «hay comunidades donde es más fácil acceder que en otras y eso genera desigualdades». Con todo, afirma que que, a nivel social, la CAV destaca como «tierra de acogida», ya que «el sistema de bienestar social garantiza los derechos de las personas solicitantes de asilo».

Aunque a priori las condiciones sean mejores que en otros territorios, los sucesos de Donostia y Gasteiz reflejan la falta de asistencia que los solicitantes recibieron por parte de las instituciones. En el caso de Donostia, fueron los vecinos de Amara Berri quienes proporcionaron recursos durante varios días a las personas que dormían en la calle, mientras que en Gasteiz la labor de Etxebizitza Kontseilua y de los vecinos del barrio de Salburua ha sido primordial -aunque en ocasiones insuficiente- para asegurar un trato humano digno.

OBSTACULIZACIÓN MANIFIESTA

Alejando el foco de Hego Euskal Herria, las políticas migratorias procedentes del Estado español envían, según CEAR Euskadi, «señales confusas». Desde la externalización de fronteras en Mauritania hasta la reciente regularización de migrantes, se endurecen los controles mientras «cae la tasa de reconocimiento (11%)» pese al aumento de las necesidades, afectando a perfiles como malienses o palestinos con altas tasas de protección.

Por si fuera poco, la reforma del Reglamento de Extranjería genera un «efecto disuasorio grave», ya que muchas personas evitan solicitar asilo por miedo a perder opciones de arraigo tras una denegación. Aunque la regularización es «una oportunidad», no sustituye a un «sistema de asilo robusto», señala.

Desde Europa, las instituciones tampoco facilitan el panorama. El nuevo Pacto sobre Migración y Asilo obliga a CEAR a «redoblar esfuerzos para garantizar derechos en un marco que prioriza la frontera, los retornos y los procedimientos acelerados», con propuestas para una mayor presencia fronteriza. Para los solicitantes implica «más riesgo de procedimientos rápidos con menos garantías», triajes excluyentes y «más obstáculos para acceder a la protección», declara CEAR Euskadi a GARA.

FUTURO INCIERTO

En la noticia publicada por este periódico esta semana, CEAR denunciaba que, a nivel del Estado español, las resoluciones negativas se dispararon casi un 77%, alcanzando el 42,5% del total, mientras que los expedientes archivados crecieron más de un 10%. «El Estado ya estaba por detrás de la Ue en el reconocimiento del derecho de asilo», advierte CEAR, que clama por un sistema más garantista ante el repunte de denegaciones masivas.

Con los datos en la mano, y vistas las recientes medidas que obstaculizan la entrada y la aceptación de solicitudes, no se atisba una intención clara por parte de las instituciones competentes de buscar soluciones eficaces. Grecia anunciaba esta semana una nueva ley que establece penas de hasta diez años para activistas de ONG que faciliten la entrada de migrantes.

Las autoridades italianas, por su parte, siguen obstaculizando el rescate de personas en el Mediterráneo, enviando a las embarcaciones que solicitan atracar a puertos cada vez más lejanos del punto donde se ha producido el rescate.

Solo esta última semana, una persona ha muerto y otra ha resultado herida en el desembarco de una patera en Almería y, en lo que va de año, más de un millar de migrantes han perdido la vida en el Mediterráneo debido al temporal y a la falta de asistencia.

Una vez en tierra, son los propios estados los que no han encontrado respuestas reales a las solicitudes de asilo que, legítimamente, presentan personas en busca de un futuro digno. El desafío no es solo administrativo, sino ético y político: reconocer que detrás de cada expediente hay una vida en suspenso. Convertir el asilo en un derecho garantizado -y no en una carrera de obstáculos- será decisivo para que la solidaridad se consolide como una política pública estructural y sostenida en el tiempo. El enfoque que vincula migración y seguridad permea la opinión pública, endurece los controles, limita las garantías y «consolida la idea de que migrar es una amenaza, no un derecho», concluye CEAR Euskadi.