Nafarroa admite la gravedad inusitada del caso de la doble violación de Iruñea

El vicepresidente primero del Gobierno de Nafarroa y consejero de Presidencia e Igualdad, Javier Remírez, admitió ayer en el Parlamento como de una «gravedad inusitada» la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) al Estado español por desaparición de pruebas en la investigación de una doble agresión sexual por sumisión química en Iruñea hace casi diez años. Y señaló que «exige no solo una rectificación, sino la asunción de responsabilidades por parte de los responsables directos de provocar estos hechos tan lamentables».

Remírez respondió así en el Pleno del Parlamento a una pregunta oral de Contigo-Zurekin sobre este asunto y mostró su «apoyo y solidaridad» con las dos víctimas.

«Esta sentencia, además, cobra especial importancia por el hecho de que, a pesar de que sea un hecho absolutamente excepcional, puede provocar una quiebra de la confianza de las mujeres en las instituciones públicas, en especial por las instituciones afectadas, cuerpos policiales y judicatura, que deben y debemos velar por su protección», señaló.

SER «PROACTIVO»

A su juicio, «es un hecho especialmente grave que la sentencia concluya que las autoridades españolas no habían llevado a cabo una investigación eficaz y en particular, y cito textualmente lo que dice la sentencia, “a la pérdida y manipulación sistemática de pruebas potencialmente cruciales, las insuficientes garantías de independencia de la investigación y una respuesta manifiestamente inadecuada a dichas deficiencias que iban más allá de errores aislados u omisiones menores”».

Expuso Remírez que «aunque la sentencia del Tribunal no impone obligaciones concretas al Gobierno de Navarra, el Gobierno ha sido proactivo; y en cuanto tuvimos conocimiento del caso ya sentenciado, en octubre del pasado año, lo veíamos precisamente en las comisiones de acuerdo interinstitucional para la coordinación ante la violencia contra las mujeres».

El parlamentario de Contigo-Zurekin Miguel Garrido señaló que recientemente «adquirió firmeza ya la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de octubre de 2025 que condena al Estado a indemnizar a las víctimas de la presunta doble agresión sexual con sumisión química en Pamplona; y digo presunta por una razón fundamental, es que casi diez años después de los hechos, no han sido juzgados».

Garrido denunció «destrucción de pruebas, investigaciones independientes encargadas a los propios sospechosos de dichas investigaciones, siendo uno de ellos el cuñado de los demandados».

«Dos presuntas agresiones sin juzgar dentro de poco hará ya diez años. Dos víctimas habiendo sufrido casi una década de violencia institucional sistemática. El Estado condenado por Europa por vulnerar sus derechos y los responsables no solo libres y sin consecuencias, sino que manteniendo la autoridad pública que tienen como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y nos consta que algunas, operando aún en esta tierra, no sabemos si todas ellas», dijo.

EL CASO

Los hechos se remontan al 7 de diciembre de 2016. Las demandantes denunciaron haber sido drogadas con sustancias vertidas en sus bebidas en un bar de Iruñea y agredidas sexualmente (mediante sumisión química) por dos hombres, así como la posterior pérdida y manipulación de pruebas cruciales bajo custodia policial.

Las dos jóvenes, que habían salido juntas una noche por Alde Zaharra, se despertaron en un piso desconocido, una en la habitación y otra, en el salón. Lo último que recordaban era que estaban en un bar de San Nicolás. En ese piso estaban también dos varones que habían conocido esa misma noche, quienes llamaron a un taxi y abandonaron la vivienda. Las dos mujeres tenían marcas en el cuerpo por haber mantenido relaciones sexuales de naturaleza violenta, así como moratones. Una de ellas acudió a un centro de salud a causa de los dolores y los facultativos detectaron lesiones que cuadraban con sexo no consentido.

Las jóvenes no eran conscientes de haber accedido a tener relaciones sexuales, no recordaban nada a partir de cierto momento de la noche y concluyeron que fueron sometidas a «algún tipo de sustancia tipo burundanga», por lo que decidieron denunciar. Los dos sospechosos fueron entonces detenidos.

En la investigación, que corrió a cargo de la Policía española, aparecieron varias anomalías y se descubrió que uno de los detenidos era cuñado de un policía de la Unidad de Familia y Mujer.

Durante la instrucción también desaparecieron pruebas y se produjeron otras anomalías, por lo que, tras el cierre de los sucesivos procesos judiciales, la defensa de las jóvenes acudió a Estrasburgo, que en una resolución que se adoptó en tiempo récord -lo usual hubieran sido dos años o dos años y medio y se tomó en cuatro meses- el TEDH admitió a trámite la demanda de las víctimas y planteó cuatro preguntas al Estado español para verificar que los hechos que le relatan son ciertos.

El alto tribunal europeo decretó que las «autoridades españolas» no llevaron a cabo una investigación eficaz, en particular debido a la pérdida y manipulación sistemática de pruebas potencialmente cruciales, las insuficientes garantías de independencia de la investigación y una respuesta manifiestamente inadecuada a dichas deficiencias, que iban más allá de «errores aislados».