La vivienda: un problema estructural

Los datos y noticias de las últimas semanas vuelven a confirmar algo que muchas personas llevan años señalando: el problema de la vivienda no es coyuntural, es estructural. Mientras se anuncian nuevas promociones de vivienda protegida o se aprueban ayudas puntuales para jóvenes, el precio de la vivienda sigue disparándose a ritmos que recuerdan a los años previos a la burbuja inmobiliaria de 2007. En 2025, el precio de la vivienda ha vuelto a subir por encima del 12% tanto en la CAV como en Nafarroa. No se trata de una excepción ni de una anomalía pasajera, sino de la consecuencia lógica de un sistema que ha convertido un derecho básico en un negocio.

Hoy, muchos consideran que la forma más segura de prosperar es comprar viviendas para alquilarlas. No porque sea una aspiración personal o un gusto por la propiedad, sino porque el propio sistema lo empuja en esa dirección. Esta situación deja patente que algo fundamental en nuestro sistema de vivienda se ha perdido por completo.

Cuando garantizar beneficios para unos pocos se antepone a asegurar un derecho fundamental, el problema no es casual: es estructural.

La vivienda debería ser el suelo sobre el que construir una vida, no el negocio sobre el que se acumulan fortunas. Sin embargo, hemos aceptado lo contrario como algo normal: el éxito se mide por la cantidad de casas que uno posee; la precariedad, por el tiempo que dedicamos a pagarlas.

Mientras unos multiplican sus inmuebles, otros acumulan tiempo esperando poder tener un lugar propio donde vivir.

Frente a esta realidad, las administraciones siguen respondiendo con medidas que, en el mejor de los casos, son parches. Se anuncian ayudas al alquiler para jóvenes que apenas compensan una pequeña parte de los precios del mercado. Se construyen promociones de VPO que, además de ser cada vez más caras, terminan con el paso del tiempo incorporándose al mercado privado o acercándose a sus precios. Se presentan estas políticas como soluciones estructurales cuando en realidad apenas logran amortiguar temporalmente los efectos del problema.

El fondo de la cuestión es que las instituciones siguen sin apostar decididamente por la única medida capaz de cambiar de verdad la situación: la creación de un amplio parque de vivienda pública permanente. Vivienda pública que no se venda ni se privatice con el tiempo. Vivienda que sea propiedad de las administraciones y que permanezca siempre en el ámbito público, destinada exclusivamente a garantizar el derecho a una vivienda digna para quienes viven y trabajan en el territorio.

La vivienda pública no debería comprarse ni venderse. Debería ser un patrimonio colectivo destinado al uso de las vecinas y vecinos. Porque la vivienda no puede seguir tratándose como una mercancía más del mercado: es un derecho fundamental que permite a las personas desarrollar su proyecto de vida en condiciones dignas.

Un parque amplio de vivienda pública permitiría, además, regular de forma efectiva los precios del mercado y ofrecer estabilidad residencial a miles de personas. Naturalmente, un sistema de estas características requeriría también mecanismos de control por parte de las instituciones: criterios claros de acceso, control del uso de las viviendas y precios de alquiler ajustados a la realidad social. Pero esa es precisamente la función de las administraciones públicas: garantizar derechos básicos y evitar que necesidades esenciales queden completamente sometidas a la lógica del mercado.

Durante décadas, la sociedad ha entendido que la sanidad y la educación deben ser públicas, universales y de calidad, porque son pilares fundamentales para garantizar la igualdad y el bienestar colectivo. Ha llegado el momento de asumir con la misma claridad que la vivienda también debe serlo. Del mismo modo que nadie cuestiona la necesidad de una sanidad pública o de una educación pública, deberíamos empezar a reclamar con la misma firmeza una vivienda pública, digna y de calidad para todas las personas.