«Euskal Herria ez da salgai»: Irrintzi, 20 años después

El 19 de agosto de 2006, poco antes de las seis de la tarde, un artefacto incendiario fue descubierto ante la residencia de Michèle Alliot-Marie en Ziburu, entonces ministra francesa de Defensa. Los bomberos enviaron tres vehículos, los artificieros de la Gendarmería inspeccionaron el lugar y la Policía Judicial abrió una investigación. La acción no causó daños ni víctimas. Tampoco ofreció inicialmente demasiadas pistas. Meses después, un nombre desconocido asumió su autoría: Irrintzi. Este agosto se cumplen veinte años de aquella acción. La efeméride permite recuperar una historia misteriosa.

Irrintzi fue una experiencia de dimensiones mucho más reducidas de lo que sugirieron durante un tiempo los informes policiales y determinados titulares. Sin embargo, su aparición expresó una continuidad incómoda: las organizaciones (como Iparretarrak o ETA, a las que se achacó su actividad) podían desaparecer, pero los problemas que habían alimentado la protesta en Ipar Euskal Herria seguían presentes. Entre ellos, la especulación inmobiliaria, la turistificación, la proliferación de viviendas secundarias y la sensación creciente de que una parte de la población estaba siendo expulsada de su propio territorio.

Iparretarrak había desarrollado su actividad armada desde 1973 hasta octubre de 2000. La organización se definía como una estructura política sin jefaturas rígidas, destinada a coordinar luchas diversas. Años más tarde, dos de sus antiguos militantes -Filipe Bidart y Xabier Manterola- recordaron que su lema había sido ‘‘Euskal Herriak bizi behar du’’.

Durante los primeros años del nuevo siglo se multiplicaron en Ipar Euskal Herria los sabotajes relacionados con conflictos sociales y políticos. Fueron atacadas inmobiliarias, oficinas de turismo, viviendas secundarias, automóviles con matrículas de regiones francesas, instalaciones ferroviarias y campos de golf. En diciembre de 2006 se lanzaron cócteles molotov contra la vivienda de un gendarme que había participado en el arresto de Filipe Bidart. En Angelu, varios campos de golf fueron destrozados con azadas. También hubo acciones en Zuberoa, donde la presión turística era menor, pero comenzaba a percibirse la compra de viviendas por personas que apenas residían en ellas.

CON Y SIN FIRMA

Las reivindicaciones no siempre llevaban firma. Aquello facilitó que se mezclaran acciones de naturaleza, intención y autoría diferentes bajo una misma etiqueta: kale borroka.

Irrintzi empezó a adquirir personalidad propia durante aquel 2006. Además del artefacto colocado ante la casa de Alliot-Marie, reivindicó tentativas contra la subprefectura de Baiona, el aeropuerto de Miarritze y la oficina de turismo de Kanbo. En abril de 2007 asumió acciones contra la sede del Partido Socialista de Baiona, la oficina de turismo de Miarritze y el reloj de la estación de Bokale, que recibió varios disparos. El Estado francés se encontraba en campaña presidencial y el comunicado explicaba que pretendía interpelar a los candidatos para que no olvidaran la responsabilidad de París en el conflicto vasco.

El texto resultaba significativo porque Irrintzi intentaba definir tanto sus objetivos como sus límites. Afirmaba que no pretendía erigirse en «interlocutor legítimo de la voluntad del pueblo vasco», sino provocar un diálogo entre las partes implicadas y, en especial, con el Gobierno francés. Denunciaba la colaboración de París con la política antiterrorista española, la dispersión penitenciaria, la criminalización de la cultura vasca y la negativa a reconocer institucionalmente Ipar Euskal Herria. Se felicitaba por la liberación de Filipe Bidart y anunciaba que mantendría las acciones procurando no causar víctimas hasta que la situación evolucionara «en el sentido de la democracia, la libertad y la paz». Todos sus comunicados fueron redactados en francés.

La voluntad proclamada de no causar víctimas permitía identificar su estrategia de evitar deliberadamente los ataques contra personas. La mayoría de las acciones atribuidas al grupo fueron artefactos rudimentarios que no llegaron a estallar, falsas amenazas de bomba, disparos contra edificios vacíos o destrozos en propiedades vinculadas al turismo. El lema que las acompañaba resumía mejor que cualquier comunicado su interpretación del conflicto: ‘‘Euskal Herria ez da salgai’’.

La frase no pertenecía exclusivamente a Irrintzi. Había sido utilizada por Batasuna, por movimientos juveniles y por colectivos contrarios a la especulación. Precisamente por ello tenía tanta capacidad de difusión. Condensaba una experiencia reconocible en Ipar Euskal Herria: viviendas cerradas buena parte del año, precios cada vez más alejados de los salarios locales, poblaciones costeras de Lapurdi transformadas en escenarios estivales y jóvenes obligados a emigrar para poder emanciparse. La turistificación no era presentada únicamente como un problema económico. Era también una forma de pérdida territorial y cultural.

CONJETURAS POLICIALES

La aparición de la nueva firma armada activó las conjeturas policiales. La utilización de un arma en Bokale, la elección de objetivos estatales y el ataque contra la residencia de la ministra llevaron a plantear que Irrintzi podía ser algo más que un grupo de sabotaje.

Una primera hipótesis lo presentaba como heredero de Iparretarrak. Otra lo convertía en una estructura auxiliar de ETA. Según esta segunda interpretación, serviría para preparar a militantes huidos de Hego Euskal Herria, medir la reacción de París e introducir gradualmente la actividad armada de ETA en territorio francés.

También se señaló que una carta intervenida a un militante de ETA mencionaba a Michèle Alliot-Marie como posible objetivo. Su residencia de Ziburu y sus estancias en la costa eran conocidas.

La Policía francesa contabilizó decenas de sabotajes en Ipar Euskal Herria durante 2007, aunque solo una parte mínima había sido reivindicada por Irrintzi. La diferencia no frenó la tendencia a atribuir a la nueva sigla cualquier acción relacionada con el turismo, la vivienda o la presencia estatal.

La falta de datos se transformó en un espacio para la especulación policial y mediática.

En septiembre y noviembre de 2008, la Subdirección Antiterrorista y la Policía Judicial de Burdeos realizaron dos grandes operaciones en Ipar Euskal Herria. Más de veinte personas fueron detenidas, entre ellas militantes de Segi y jóvenes procedentes de Hego Euskal Herria.

Algunos medios españoles aseguraron que Batasuna financiaba a Irrintzi mediante las herriko taberna y anunciaron la desarticulación de la organización. La conclusión llegó antes que las pruebas. El nombre de Irrintzi sirvió para unir en una misma construcción a Batasuna, Segi, ETA, kale borroka y la antigua experiencia de Iparretarrak.

La realidad desmintió pronto aquel relato. En diciembre de 2008 fueron atacadas con explosivos dos inmobiliarias, una en Capbreton y otra en Angelu. En las proximidades apareció de nuevo la inscripción «Euskal Herria ez da salgai» y la advertencia «Bombe». Irrintzi envió un comunicado a ‘‘Sud Ouest’’ en el que reivindicaba las acciones, reclamaba la intervención de Naciones Unidas y la Unión Europea y exigía el reconocimiento del pueblo vasco y de su derecho a decidir.

Si el grupo había sido desmantelado, como se había anunciado, alguien parecía ignorarlo.

Durante 2009 continuaron los sabotajes. En enero fueron colocados bloques de hormigón sobre la vía del tren de alta velocidad entre Hendaia y París. Se produjeron ataques contra intereses inmobiliarios en las Landas y nuevas operaciones policiales. Entre el 27 y el 30 de junio fueron detenidas alrededor de una docena de personas, la mayoría jóvenes vinculados a Segi. Cuatro ingresaron en prisión acusados de acciones contra intereses turísticos.

Sin embargo, aquellas detenciones tampoco resolvieron la investigación sobre Irrintzi. La organización que los titulares daban una y otra vez por neutralizada continuaba apareciendo en comunicados y escenarios distintos.

El desenlace comenzó el 17 de diciembre de 2009, cuando la Policía detuvo en Avon, a unos 70 kilómetros de París, a Stéphane Callou. También fueron arrestados un amigo suyo, Lionel Labeyrie, en Miarritze, y un primo, Sébastien Callou. El primero quedó bajo control judicial y el segundo salió en libertad sin cargos. Stéphane Callou permaneció seis meses en prisión preventiva.

A partir de entonces, la compleja arquitectura levantada durante años empezó a desmoronarse. No apareció la organización heredera de Iparretarrak, ni una estructura clandestina dirigida por ETA, ni la red financiada desde las herriko taberna que algunos medios habían dado por demostrada.

STÉPHANE CALLOU

El proceso se prolongó hasta mayo de 2018. Stéphane Callou fue juzgado en París por cerca de cuarenta acciones o tentativas: colocación de artefactos caseros, disparos contra edificios, daños materiales y falsas alarmas de bomba que movilizaron a policías y servicios de emergencia. El tribunal le condenó a cinco años de prisión, treinta meses de ellos suspendidos. Como ya había pasado seis meses encarcelado y la pena podía ser adaptada, no regresó a prisión.

La personalidad de Callou desconcertó a quienes habían imaginado una sofisticada organización. Se había interesado por la causa vasca durante la adolescencia y comenzó a actuar cuando apenas tenía 17 años. Residía habitualmente en Seine-et-Marne, en las cercanías de París, y realizaba algunas acciones durante las vacaciones escolares que pasaba en la costa labortana con su abuela. En el juicio expresó arrepentimiento y vergüenza por lo que había hecho.

Su abuela, sorprendida por la dimensión política atribuida al caso, declaró que su nieto no tenía «ni una gota de sangre vasca». La frase no explicaba su motivación, pero desmontaba buena parte del perfil identitario construido alrededor de la investigación.

La historia pudo concluir con la detención. Una organización desaparecida, un juicio tardío y una sucesión de hipótesis policiales que no resistieron el paso por los tribunales.

Sin embargo, veinte años después del artefacto de Ziburu, el lema central de Irrintzi conserva una relevante actualidad. No porque hayan perdurado sus métodos, sino porque ha sobrevivido el problema al que pretendía dar visibilidad. «Euskal Herria ez da salgai» ha dejado de ser únicamente una pintada en una inmobiliaria para convertirse en el resumen de uno de los debates sociales más importantes de Ipar Euskal Herria.

PROBLEMA Y DEMANDA VIVAS

Los datos ofrecen una medida del fenómeno. En 2023, las residencias secundarias y viviendas ocasionales representaban el 19,7% de todo el parque residencial del ámbito de Euskal Hirigune Elkargoa. En Miarritze alcanzaban el 40,1%. Es decir, cuatro de cada diez viviendas de una de las principales ciudades de la costa no estaban destinadas a residencia habitual. La estadística no explica por sí sola la crisis, pero permite comprender la presión que sufren quienes buscan una vivienda para vivir y no para pasar unas semanas al año. El problema se agrava por el crecimiento de los alquileres turísticos, el encarecimiento del suelo y la capacidad de compra de personas cuyos ingresos proceden de otros territorios.

La respuesta institucional también ha transmutado. Euskal Hirigune Elkargoa declara hoy que el alojamiento durante todo el año es una «prioridad absoluta». Ha adoptado mecanismos de compensación para limitar la transformación de viviendas en alojamientos turísticos, medidas de control de los alquileres y programas destinados a incrementar la oferta social.

En junio de 2026, el Consejo de Estado francés reconoció que la regulación de los pisos turísticos respondía a una «razón imperiosa de interés general» vinculada a la tensión del mercado y a la necesidad de preservar viviendas para la población residente.

Irrintzi fue una experiencia breve, irregular y menos organizada de lo que se afirmó. Su historia estuvo acompañada por un exceso de imaginación policial, por detenciones que no confirmaron las acusaciones iniciales y por titulares que rara vez rectificaron cuando el proceso judicial redujo el tamaño de la trama. La sigla desapareció después de 2009.

Ipar Euskal Herria, mientras tanto, siguió transformándose. Los precios aumentaron, las segundas residencias se extendieron y las plataformas digitales añadieron una nueva dimensión a la explotación turística de las viviendas.

Veinte años después, Irrintzi pertenece al pasado. La consigna que acompañó sus acciones, no. Ipar Euskal Herria continúa debatiéndose entre el derecho de sus habitantes a vivir en su país y la conversión del territorio en un producto reservado a quien pueda pagarlo.

Se apagaron los artefactos. Se cerraron los sumarios. Se disolvieron las grandes teorías sobre una nueva organización armada. Pero la pregunta sigue abierta, escrita ahora no solo en las paredes, sino también en las estadísticas, en las decisiones judiciales y en las políticas públicas: ¿Puede un pueblo seguir siendo dueño de su territorio cuando la vivienda deja de ser un lugar para vivir y se convierte, ante todo, en una mercancía?