El Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC), organismo adscrito al Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno de Lakua, ha anulado el concurso público para la remodelación y gestión del estadio de Anoeta al considerar que sus pliegos concedían una «ventaja ilegítima» a la Real Sociedad respecto a otros posibles licitantes. El OARC remitió ayer la resolución al Ayuntamiento de Donostia, que se tomó su tiempo para analizar el documento de 30 páginas y que explicará hoy a las 12.00 qué pasos va a dar a partir de ahora.

Aunque la única entidad que se había presentado al concurso era la Real, elaborando un proyecto que implicaba la eliminación de las pistas de atletismo y la ampliación del aforo del campo hasta más de 40.000 espectadores, los pliegos fueron recurridos por la empresa madrileña Óptima Sport Media y por el abogado Fernando Goñi, quienes plantearon una única impugnación en la que solicitaban la anulación de 7 cláusulas y que se obligara al adjudicador, la sociedad municipal Anoeta Kiroldegia, a reelaborar las condiciones de la adjudicación.

Los demandantes consideran que las cláusulas recurridas se incluyeron en el concurso para asegurarse de que la Real fuera la única entidad que se presentara a la licitación. En concreto, la cláusula 1 de los pliegos establece que el adjudicatario debe respetar el convenio suscrito en 1993 entre Anoeta Kiroldegia y el club, por el que la entidad txuriurdin se asegura el derecho de utilizar las instalaciones para los partidos de su equipo de fútbol hasta 2033 como contrapartida a los 3 millones de euros que aportó en su día para la construcción del estadio.

En este convenio de 1993 se establecía también que cualquier reforma de las instalaciones debía ser consultada con la Real. Dado que el plazo de explotación del estadio contenido en el concurso es de entre 40 y 50 años, el OARC entiende que cualquier adjudicatario que no sea el club blanquiazul «no podría hacer uso durante aproximadamente 18 años de vigencia de la concesión de una parte amplísima mayoritaria de los derechos objeto del contrato».

«Es claro que la cláusula 1 del pliego atribuye a la Real Sociedad una cualificada ventaja respecto a cualquier otra empresa potencialmente interesada en la adjudicación del contrato», sostiene el OARC, que además apunta que el hecho de que se deba consultar con el club cualquier reforma «podría habilitar a la Real Sociedad para opinar sobre los proyectos de sus posibles rivales en la licitación, algo totalmente contrario al principio de igualdad de trato».

La resolución entiende que «el convenio en liza configura una situación en la que la mayor parte de la explotación del estadio está blindada en favor de la Real Sociedad hasta 2033, sin que ninguna otra empresa pueda acceder a este negocio». El OARC opina que Anoeta Kiroldegia podría haber optado por tramitar un contrato de obras, en primer lugar, y después otro de explotación, en vez de vincular ambos objetos del contrato de manera que «se incluye en la ecuación del negocio una explotación que ya está casi totalmente atribuida» al club.

Plazos y criterios correctos

En cambio, la resolución desestima parte del recurso, al considerar adecuado el plazo de 52 días para la presentación de ofertas o al avalar los criterios de evaluación de las propuestas, aspectos que también habían sido objeto de recurso, entre otras cuestiones que también han sido desestimadas.

Por otra parte, los pliegos establecían que si en el plazo máximo de un año desde la formalización del contrato el Ayuntamiento no aprobara el nuevo Plan Especial -necesario para legalizar la remodelación del estadio y su entorno- Anoeta Kiroldegia podría resolver la adjudicación sin contraprestación alguna. El OARC tacha esas cláusulas de «claramente abusivas» porque equivalen a «posibilitar que el órgano de contratación revoque libremente la adjudicación», lo que implica «desvirtuar todo el procedimiento de contratación», motivo por el que decide anular tres cláusulas de los pliegos.

La resolución anula, por tanto, cuatro cláusulas de los pliegos, pero aclara que, aunque el recurso se estima parcialmente, las disposiciones que decaen tienen «carácter esencial» y obligan a la anulación de la totalidad de los pliegos y de la licitación. Una decisión que puede ser recurrida por la vía contencioso-administrativa en el plazo de dos meses, opción que se valorará hoy a primera hora en la Junta de Portavoces del consistorio donostiarra.