Suspensión de 3 años para el juez Vidal por el borrador de constitución catalana

En una maratoniana sesión que se alargó durante toda la jornada, el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió ayer suspender durante tres años de empleo y sueldo al juez de la Audiencia Provincial de Barcelona Santiago Vidal, al que acusa de una falta «muy grave» contra la Ley Orgánica del Poder Judicial. El delito: participar en la elaboración y presentación del borrador de constitución catalana publicado el pasado 31 de enero en Barcelona.

Concretamente, el Poder Judicial decidió sancionarlo por «ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales». El órgano judicial rechazó, sin embargo, sancionarlo por incurrir en el ejercicio de actividades incompatibles con el cargo de juez, tal y como defendía el promotor de la acción disciplinaria contra Vidal, el también magistrado Antonio Fonseca-Herrero. Algo que le obligó a rebajar la petición inicial de expulsión definitiva de la carrera judicial por una sanción más leve, aunque igualmente grave.

Pese a esta rebaja, la votación en el CGPJ resultó apretada y hasta nueve de los magistrados votaron en contra de la sanción, anunciando votos particulares. Así, la suspensión fue aprobada por solo 12 votos a favor.

El mismo resultado arrojó por la mañana la votación sobre la competencia del pleno del CGPJ para sancionar a Vidal, ya que 9 de sus integrantes consideraron que el expediente debía resolverse en la comisión disciplinaria, limitada a siete miembros. Aunque Vidal anunció ayer mismo que recurrirá la decisión, la aplicación de la sanción es inmediata, por lo que hoy mismo deberá abandonar su despacho en la Audiencia de Barcelona.

Estructuras de Estado

No fue el único golpe jurídico al soberanismo durante el día de ayer, ya que el Consell de Garanties Estatutaries, el órgano autonómico que se pronuncia sobre la adecuación de las leyes del Parlament al Estatut y a la Constitución, consideró inconstitucionales cuatro de las estructuras de estado pactadas por CiU y ERC en el marco de la Ley de acompañamiento de los presupuestos de este año, entre ellas la Hacienda propia. Fue el PP el que remitió la Ley al Consell de Garanties, cuyas resoluciones no son vinculantes pero sí funcionan como anticipo de lo que de bien seguro ocurrirá en el Tribunal Constitucional.