El empeño no es nuevo. En pleno proceso constitucional, el 18 de julio de 1978 -hay fechas que las carga el diablo- el Congreso de los Diputados rechazó un voto particular de Alianza Popular en el que los predecesores del PP proponían suprimir el Título VIII de la naciente Carta Magna. Se trataba de los artículos que desarrollaban el Estado de las Autonomías.

Tres décadas más tarde, los astros parecen haberse alineado para que la derecha española liquide aquel invento de la transición, creado en primera instancia para aplacar los ánimos independentistas de Euskal Herria y Catalunya, y ampliado después al resto del territorio estatal. El modelo de Estado quedó gráficamente definido con la expresión «Café para todos».

La crisis económica y el poder institucional sin precedentes acumulado hoy en día por el PP le dan rienda suelta para aplicar una recentralización del Estado deseada desde hace tiempo. En el programa electoral con el que Rajoy llegó a la Moncloa se puede leer: «Hablar de comunidades autónomas es hablar de los servicios del bienestar. Sus problemas de financiación, sus carencias de gestión y la falta de coordinación entre todas ellas están repercutiendo directamente en la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales».

Y es que la semilla estaba plantada desde hace tiempo. En el trabajo ‘Los españoles ante el cambio’, publicado por el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert -documento que con el transcurso de los meses se revela más cercano al verdadero programa electoral del PP-, se encuentran frases como esta: «Es preciso podar la fronda político-administrativa que se ha ido creando en las Comunidades Autónomas con estructuras de ‘mini-estados’ que no es posible -ni útil- mantener».

El objetivo de déficit como instrumento recentralizador

Con estos precedentes programáticos, el PP se puso manos a la obra desde el primer día de la legislatura, aprovechando la crisis económica y culpando a las autonomías del déficit del Estado español. De esta manera, el Gobierno español ha impuesto grandes recortes a las autonomías -que son las que soportan la mayoría de gasto social-. El mecanismo ha sido el sacrosanto «objetivo de déficit», que el Estado ha fijado para el 2013 en un 0,7% en el caso de las autonomías. Eso pese a que la Unión Europea relajó el objetivo de déficit para el Estado del 4,4% al 5,3% este año. Es decir, el Estado carga sobre las autonomías el grueso de los recortes.

Como se pudo ver en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, esta situación viene favorecida por el rodillo autonómico del PP, que domina la gran mayoría de comunidades. Esta dinámica ha obligado ya a dos comunidades autónomas -Valencia y Murcia- a pedir ayuda al Fondo de Liquidez Autonómico; es decir, a pedir el rescate al Estado. Catalunya también ha anunciado que reclamará la ayuda y en los próximos meses está previsto que alguna otra comunidad se sume a la petición del rescate.

Y aquí es donde viene la segunda vuelta de tuerca. Pese a que todavía no se conocen los detalles de las condiciones que impondrá el Estado a las autonomías rescatadas, se da por descontado que la inyección de liquidez no será, en absoluto, gratuita.

Pero el ahogo a las comunidades no solo es económico, sino también político. Con la excusa de la crisis, el PP ha alimentado un discurso antipolítico con el objetivo de poner los cimientos para un adelgazamiento de las estructuras políticas de las autonomías, empezando por los parlamentos. Los líderes regionales del PP ya han recibido la orden de promover dicha reducción que serviría tanto para afianzar las mayorías de los dos grandes partidos -en detrimento de los minoritarios- como para debilitar la principal institución de las autonomías.

Nafarroa y Catalunya, al borde del abismo

La situación de colapso económico en comunidades ‘a priori’ ricas como Nafarroa y Catalunya es el mayor símbolo del fracaso en el que está encallado el modelo de Estado de las autonomías. En este Sakonean incorporamos sendos reportajes publicados por GARA que analizan la situación en cada uno de los territorios.

La tensión generada por este proceso se ha hecho más visible en Catalunya, donde una Generalitat ahogada por la falta de liquidez ha planteado sin tapujos el choque de trenes con el Estado español, amenazando con la independencia si no se sienta a negociar el pacto fiscal aprobado en el Parlament. En Euskal Herria la tensión no ha llegado tan lejos, aunque todo indica que el deterioro de la situación en Nafarroa y el previsible cambio de Gobierno en la CAV pueden hacer cambiar los elementos de un proceso que marcará el devenir de los próximos años.