El Colegio de Abogados de Baiona aprobó ayer una declaración, con motivo de la manifestación que Herrira ha convocado para el próximo 10 de noviembre en la capital labortana, en la que muestra su «preocupación por las medidas de alejamiento y dispersión que afectan en territorio francés a 135 presos, repartidos en 32 establecimientos penitenciarios, que se encuentran a varios cientos de kilómetros de sus domicilios».

El Colegio considera que esas medidas, «por el alejamiento de los presos y las limitaciones que imponen a sus familiares, no solo son contrarias a las disposiciones del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos que garantizan el respeto a la vida privada y familiar, sino también porque constituyen una violación al derecho a la defensa, debido a la distancia que se establece entre los presos y sus abogados». Esa situación, a su entender, crea «dificultades a menudo insuperables».

Por todo ello, el Colegio de Abogados de Baiona demanda que se ponga fin a la política de dispersión y alejamiento y recomienda que se presete «especial atención» a los prisioneros enfermos que puedan ser objeto de «medidas alternativas a la prisión». Pone como ejemplo el caso de Iosu Uribetxebarria y «lamenta las dificultades» a las que se vio sometido.

Asimismo, reclama que se respeten las garantías previstas por la Convención Eiuropea de Derechos del Humanos y que «el fin de la violencia politica abra la posibilidad de un dialogo entre las diferentes partes», en seguimiento de la Conferencia Internacional de Aiete.