En una entrevista con Efe, Soria ha subrayado que dado que su cierre se ha originado «por motivos económicos», de mejorar ese aspecto podría reconsiderarse su situación.

«Tendremos los próximos meses para determinarlo, pero va a depender mucho de las condiciones económicas que ese cese definitivo pueda convertirse en una apertura», ha indicado Soria, según el cual «lo único que requeriría es un real decreto».

El Ministerio español de Industria firmó este viernes la orden de cese de explotación de esa central, la más antigua del Estado español, y la autorización para su explotación por parte de su propietaria, Nuclenor, expira este sábado.

La reforma energética que prepara el Gobierno español, según ha indicado, no va a afectar «de manera singular» a su futuro, porque lo que sí tuvo incidencia sobre todas las centrales del Estado «fue el impuesto que sobre almacenamiento de residuos nucleares fue aprobado el pasado mes de diciembre».

A esa reforma «que de aquí a no mucho» espera poder llevar al consejo de ministros le quedan sólo «algunos retoques», relacionados fundamentalmente con la distribución de los costes, asegura Soria.

Y el objetivo de su puesta en marcha es precisamente «reducir los costes», así como controlar esas partidas que a su juicio «son evidentemente superfluas».

«Uno de los problemas del sistema eléctrico español es que pagamos por algunas cosas que no deberíamos pagar y que por otras pagamos más», ha concluido en esta entrevista, en la que ha avanzado que en todas las actividades reguladas, tanto en el transporte como en la distribución, sistemas insulares o primas del régimen especial, va a haber cambios «de cierta consideración».