En estos momentos hay más presos y presas cumpliendo en la cárcel el alargamiento de la condena impuesta por la llamada «Doctrina Parot» (STS 197/2006), que cuando hace un año el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo calificó su aplicación en el caso de Inés del Río como contraria a las convenciones europeas.

La Corte Europea decidió por unanimidad que «España debe garantizar la puesta en libertad de la demandante a la mayor brevedad posible». Al mismo tiempo, condenó al Estado español a pagar a la tafallesa 30.000 euros en concepto de daños morales y 1.500 euros en concepto de costas y gastos. El TEDH consideró contrario a derecho que a una persona presa se le añadiera de manera retroactiva una condena más dura que la aplicable cuando estas personas fueron juzgadas.

Desde un principio, las autoridades españolas mostraron un enorme enfado por la sentencia condenatoria, y de inmediato fijaron la decisión de recurrirla y no cumplirla en ningún caso hasta que fuera firme. El ministro de Interior, Jorge Fernández, incluso ha llegado a anunciar en este tiempo que podrían encontrarse fórmulas para sortear la confirmación de la condena.

Cuando el 10 de julio del pasado año el TEDH falló en favor de Inés del Río, había otras 52 personas presas en el Estado español en sus mismas condiciones. Es decir, haber padecido un alargamiento de sus condenas hasta en otros 12 años de cárcel después de tener ya fijada una fecha para el cumplimiento de la pena y su excarcelación. Además, otros 14 presos y presas habían sido afectadas por la «STS 197/2002», pero en esos casos la prolongación del encarcelamiento se había producido antes de tener una fecha de salida. En total, por tanto -según datos de Etxerat del informe julio-agosto de 2012-, eran 67 las personas encarceladas afectadas por la «Doctrina Parot».

Después de que la Corte de Estrasburgo fallara sobre la ilegitimidad de este tipo de actuaciones, el número de personas presas no solo no ha disminuido, sino que se ha incrementado. En la actualidad son 70 las personas que sufren en prisión el prolongamiento de sus condenas.

Los tribunales, impertérritos

Pese a lo dictado por la Corte de Estrasburgo, los tribunales españoles no han dado su brazo a torcer. Todas las instancias competentes, es decir Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, han seguido aplicando la denominada «Doctrina Parot» y rechazando recursos en su contra.

Tras la sentencia del TEDH, decenas de presos presentaron recursos contra los alargamientos de sus condenas ante la Audiencia Nacional. En poco más de cuatro meses la Sala de lo Penal ya había rechazado unas cuarenta, según informó Efe el 23 de noviembre. Entre los recursos rechazados estaba el de la propia Inés del Río.

A la espera de confirmación

El pasado 20 de marzo, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos inició, escuchando a las partes, las deliberaciones sobre el recurso presentado por el Gobierno español. No hay fecha para que se conozca su decisión definitiva.

En cualquier caso, el ministro español de Interior, Jorge Fernández, ya anunció ese mismo día que aunque la sentencia fuera desfavorable al Reino de España, siempre podrían recurrir a la «ingeniería jurídica» para mantener su posición contra viento y marea.