Entre los firmantes del manifiesto está el exconsejero de Justicia de Lakua, Joseba Azkarraga, quien ha denunciado que se trata de un juicio «político» y ha criticado que dos años después de que ETA haya declarado el cese definitivo de su actividad, «el Gobierno sigue con su estrategia de obstaculizar cualquier proceso que lleve a cerrar este conflicto».

Así, ha criticado que estén en la cárcel personalidades como Arnaldo Otegi o Rafa Díez Usabiaga «por el simple hecho de hacer política».

Los imputados alaveses en el macrosumario 35/02, que arrancará el próximo 17 de octubre, son Antton Morcillo, Kepa Gordejuela y Santi Hernando.

Durante la presentación del manifiesto, han pedido «el cese de la aplicación del derecho penal de los contrarios a que la paz se asiente en el País Vasco con actuaciones como la de las detenciones» de miembros de Herrira.

Azkarraga ha recordado que el sumario 35/02 se inició en 2002 y ha opinado que «la dilación indebida de una sentencia en torno a este caso desprestigia una justicia que merezca tal nombre».

«El Estado está abusando de su poder de manera inaceptable» porque «la prueba contra los imputados es inexistente ya que se basa en informaciones policiales inconcretas», centradas «en la militancia de estas personas en Herri Batasuna cuando esta era legal», ha recordado.

Así, ha denunciado el criterio que se ha establecido de que «todo lo que se mueve alrededor de la denominada izquierda abertzale es ETA».

En el manifiesto se reivindica «el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y se recuerda que este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestarlas en público o en privado».