Como cabe imaginarse, la negociación de un tratado de libre comercio que configurará y condicionará inevitablemente la actividad económica y legislativa de cada Estado implicado no es cosa sencilla. Menos si tenemos en cuenta la complejidad inherente a cualquier decisión que se tome en el marco de la Unión Europea (UE). En el caso del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (ACTI), es la Comisión Europea –el gabinete ejecutivo de la UE– el que lleva la batuta negociadora, a partir de unas líneas generales establecidas por el Consejo Europeo –formado por los 28 jefes de Gobierno de la UE–, que es a su vez quien nombra a los miembros de la Comisión. Es decir, el Parlamento europeo, que supuestamente representa a los cerca de 500 millones de ciudadanos de la UE, no participa para nada en el proceso negociador.

Según la Comisión, el equipo negociador nombrado por el comisario de Comercio, Karel De Gucht, y encabezado por el español Ignacio García Bercero, «mantendrá informados de la evolución (de las negociaciones) a los Estados miembros de la UE, en el Consejo, y al Parlamento Europeo». Sin embargo, en nombre de la «necesaria discreción», prácticamente nada de las negociaciones llega a los ciudadanos.

Una manera de funcionar «muy propia de la UE», según el economista y miembro del Consejo Científico de ATTAC Juan Hernández Vigueras, que señala: «Que la Comisión tenga el monopolio de la negociación no quiere decir que no deba existir una transparencia en la información». Porque el peligro del secretismo, añade Hernández, es evidente, ya que «facilita mucho el trabajo de los lobbies». «La falta de transparencia en la Unión Europea da una capacidad de influencia tremenda a los lobbies, grupos de presión de las grandes corporaciones con intereses muy concretos y definidos, que muchas veces no tienen nada que ver con los intereses de los ciudadanos».

No hay secretos para los lobbies

Es complicado encontrar información sobre la participación concreta de los lobbies en la negociación del ACTI, pero al otro lado del Atlántico, la directora del Public Citizen's Global Trade Watch, Lori Wallach, asegura en un artículo en ‘Le Monde Diplomatique’ que «las delegaciones estadounidenses cuentan con más de seiscientos consultores designados por las multinacionales, que disponen de un acceso ilimitado a los documentos preparatorios».

Cabe pensar, por lo tanto, que el secretismo que envuelve a las negociaciones no existe para los lobbies, cuyo objetivo evidente es condicionar a los negociadores para conseguir los mejores acuerdos para sus particulares intereses. De hecho, muchas veces van más allá y tratan de redactar directamente las leyes. Wallach añade que «la Cámara de Comercio estadounidense y BusinessEurope, dos de las organizaciones patronales más grandes del planeta, llamaron a los negociadores del TTIP a reunir alrededor de una mesa de trabajo una muestra de grandes accionistas y de responsables políticos, para que ‘redacten conjuntamente los textos de regulación’ que luego tendrán estatuto de ley en Estados Unidos y en la Unión Europea».

Como apenas trasciende información de las negociaciones, nada se sabe acerca de los éxitos o los fracasos de los lobbies en sus empeños, pero vale la pena enumerar algunos pocos sectores en los que su influencia puede ser determinante. Por ejemplo, en el campo de la seguridad alimentaria, destacan los lobbies relacionados con los transgénicos. Sin ir más lejos, la Biotechnology Industry Organization (BIO), de la que forma parte el gigante Monsanto, ya ha dicho que espera que el ACTI elimine «la brecha que separa la desregulación de nuevos productos biotecnológicos en Estados Unidos y su recepción en Europa». Lo mismo ocurre con otros sectores alimentarios como el cárnico, en el que los productores estadounidenses aspiran a que el acuerdo entre EEUU y la UE elimine la prohibición que Europa impone, por ejemplo, a los pollos desinfectados con cloro. Y así en infinidad de sectores, desde las finanzas a la privacidad de los datos personales, pasando por medidas medioambientales.

La validación del acuerdo

Cabe preguntarse, en todo este proceso negociador, cuándo entran en juego la voluntad popular y los intereses de los ciudadanos. Y la respuesta es que, probablemente, demasiado tarde. Sobre el papel, la Comisión informa que «una vez que los negociadores hayan alcanzado un acuerdo, el Consejo, junto con el Parlamento Europeo, examinará y aprobará o rechazará el acuerdo final». Pero ya está visto que ni el Consejo Europeo es el paladín de la transparencia ni el Europarlamento el paradigma de la soberanía popular.

Hernández lamenta que «es algo que nos va afectar a todos, pero sobre lo que no hay ni debate ni información» y que el tema llegará al Congreso de los Diputados y a la opinión pública demasiado tarde: «Como siempre, empezaremos a debatir a toro pasado, cuando la legislación ya esté cambiada y haya pasado por el parlamento estatal como un simple trámite administrativo».

Los precedentes existen y son muy recientes: desde la reforma constitucional ‘express’ para sellar el pago de la deuda como prioridad constitucional, a la reestructuración de las cajas de ahorros. «Sobre todo esto hemos debatido a posteriori, cuando las decisiones ya estaban tomadas», señala Hernández, que lamenta que con el actual funcionamiento de la UE «se está vaciando la democracia estatal sin que sea sustituida por una democracia a nivel europeo».