La operación policial contra la interlocución del EPPK y la prohibición de la marea humana de Tantaz Tanta ha funcionado como la superación de una línea roja por parte del Gobierno español. La posterior manifestación convocada por PNV, EH Bildu, ELA y LAB ha encendido las alarmas del PP. Hasta el PSOE, que prometió silencio sobre la «política antiterrorista» del Gobierno español, ha acabado señalando que «no está gestionando políticamente de manera adecuada este proceso», como dijo ayer Ramón Jáuregui antes de volver a morderse la lengua.

Mariano Rajoy está solo. Esto supone nada menos que tener la mayoría absoluta en las Cortes españolas, pero también estar muy en minoría en Euskal Herria. La política del Ejecutivo español ya no se critica aquí por su inmovilismo, sino por parecer estar diseñada para el sabotaje de cualquier propuesta de solución.

Cada vez que habla el ministro del Interior, Jorge Fernández, parece que lo que tiene ilegalizado es el sentido común. El lehendakari, Iñigo Urkullu, dice de él que es un mal ministro. El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, va todavía más lejos y es muy grave: asegura tener el sentimiento de que el ministro no quiere la paz.

Jorge Fernández volvió ayer a cubrirse de gloria. Cerrando un habitual círculo vicioso, supuestas «fuentes antiterroristas» dicen una majadería a un periodista que necesita venderlas para un periódico que busca titulares con razón o sin razón, y el ministro termina amenazando con ilegalizaciones si un partido lleva expresos, ahora libres, a sus estructuras.

Otras filtraciones, éstas a un diario más mundano, han pretendido presentar determinados papeles justo como lo contrario de lo que eran, lo que ha llevado a sus impulsores a poner las cartas boca arriba, para volver a demostrar que hay muchos intereses, políticos y económicos, en que esto no se solucione.

Y para colmo, en el afán de ser más papistas que el papa, el PP ha organizado para el jueves un homenaje a las víctimas de su partido, que ha acabado enfrentándolo con la más icónica de sus familiares, Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio.

Todo absolutamente surrealista, como la nueva petición de ilegalizar la manifestación convocada en apoyo de Arantza Zulueta y Aitziber Sagarminaga, detenidas en la mencionada operación contra la interlocución de EPPK.

Ante semejante cúmulo de despropósitos, el PP de la CAV parece empezar a verle las orejas al lobo de su camino hacia la irrelevancia (las encuestas ayudan a aclarar la vista) y ha decidido preparar un viaje de Mariano Rajoy para proyectar su «liderazgo» en esta materia.

Diríase que el PP ha detectado la existencia de un problema, pero no su naturaleza. Parecen haberse quedado solo en la caricatura que en el imaginario colectivo dibuja a un presidente inactivo, sentado o tumbado ante la televisión dispuesto, a lo sumo, a hojear el «Marca». Y no es eso. Lo que la mayoría social en Euskal Herria pide, lo que el PNV demandó con el puñetazo en la mesa de la manifestación, lo que el PSOE ya no puede callar, no es la petición de que Rajoy se levante y «haga algo», sino de que deje de sabotear nuestra convivencia y empiece a dar pasos para ayudar a la normalización.

Y para eso, Mariano Rajoy no tiene ninguna necesidad de viajar. Es más, puede quedarse en La Moncloa y, como primer paso, recibir y escuchar al lehendakari (Escucharle, no solo oirle). No estaría mal que mandara callar también a su ministro de Interior, ya que no va a cesarlo. Podría además analizar lo que el presiente colombiano, tan derechista como él, plantea sobre cómo resolver las cosas en su país. Y luego debería hacer algo tan sencillo como cumplir la ley en materia penitenciaria. Ninguno de esos pasos le obliga a viajar. No es una cuestión del dónde, sino del qué.