Este jueves, la Fiscalía presentará en la vista oral del Sumario 35/02 las conclusiones finales de su informe, en la que deberá poner negro sobre blanco las acusaciones concretas contra todos y cada uno de los procesados. Algo que no ha hecho durante estos cinco meses de juicio, según han denunciado hoy los procesados a través de la voz de Karmelo Landa y Sabin del Bado. «No se ha presentado ninguna imputación penal concreta ni elemento personalizado contra ninguno de nosotros», han afirmado en nombre de todos los imputados.

Se prevé que el fiscal necesite más de una jornada para presentar su informe final y el jurado ha convocado a los procesados a partir de este jueves hasta el miércoles siguiente, 12 de marzo, todos los días (a excepción del fin de semana); por lo que el proceso podría acabar la semana que viene.

De cara a ese final del proceso Landa ha anunciado que opondrán a las conclusiones de las acusaciones el «alegato Libre!», alegato que todavía no han hecho público pero al que han llamado a sumarse «a todos los demócratas». Landa ha pedido a ciudadanos, sindicatos, partidos políticos e instituciones a apoyar ese último alegato y «fortalecer, así, el proceso hacia la paz».

Valoraciones «cualificadas y objetivas»

Los procesados afirman que «no hay lugar para la condena penal» y que «no caben las condenas de prisión por actividades políticas legítimas». Apoyan su conclusión, además de su propia valoración, en tres opiniones «más cualificadas y objetivas».

Landa se ha referido al manifiesto de presentaron en julio juristas, catedráticos de universidad y periodistas; en el que se decía que este proceso «es un disparate desde su inicio» pero se resaltaba el nuevo tiempo político abierto en Euskal Herria y por ello afirmaban los firmantes que «es además un error, un desfase y un obstáculo para la construcción de una convivencia democrática».

También se apoyan los procesados en la valoración de la dirección del PNV, que hizo público en octubre del año pasado tras reunirse con los imputados. En ella, el EBB dice que estos macrojuicos son «procesos que nunca debieron haberse iniciado» y que «tuvieron un claro seso e inspiración políticas». Landa también ha recordado el dictamen de la ONU de 2009 en el que se se protege la militancia en Batasuna, incluso después de las sentencias condenatorias del Constitucional y Supremo españoles.

Un proceso con «incursiones en el surrealismo»

A todo ello, cabría añadir la propia valoración de los imputados tras cinco meses de sesiones «largas y tediosas», según Landa y «con frecuentes incursiones en el surrealismo».

Se ha referido al hecho de que una asociación dedicada a la asistencia social a personas que ejercen la prostitución (Askabide) fuera imputada o referencias «a una presunta ‘herriko’ de Burkina Faso».

En cuanto a la parte pericial del proceso, Landa ha denunciado que el perito de la Policía Nacional reconoció que sus informes se basaban en hipótesis, que el ex director de la Ertzaintza Jon Uriarte declaró que la dirección de Batasuna no tenía relación alguna con ETA o el caso del perito de la Guardia Civil que Landa ha recordado así: «Les pregunta el fiscal si desde las herriko tabernas se financiaba a ETA, y responden sin dudar que sí. Entonces el fiscal busca la concreción y les pregunta si tal cosa se realizaba acorde al proyecto Udaletxe. El guardia civil responde que no conoce tal proyecto. Y para explicar ese desconocimiento, añade que ellos no trabajan los temas económico-financieros. Entonces el fiscal le pregunta que porqué respondió que sí financiaban a ETA. Responde el guardia civil que esa es su opinión».