«Hay una cuestión fundamental que ha estado ausente: el tipo penal. No aparece en ningún informe ni en ningún análisis de los tipos delictivos», ha señalado Iñigo Iruin, recordando que para acusar tal y como pretende el fiscal debería de haberse acreditado la existencia de una «organización terrorista». «Si falta el elemento estructural no va a ser posible que la sala condene por integración», ha insistido, remarcando que «si no está acreditada la doble militancia en una estructuras de KAS (que sí fue caracterizada como «terrorista» en el 18/98, no se podrá condenar».

La sesión de hoy, centrada en el informe de las defensas, ha estado protagonizada por la intervención de Iruin, que ha puesto en cuestión el modelo de «justicia de emergencia» que caracteriza procedimientos como este y ha desmontado las tesis del Ministerio Público, AVT y Dignidad y Justicia. Por la tarde será el turno de Jone Goirizelaia y Kepa Landa. Está previsto que el juicio quede visto para sentencia el miércoles.

«Batasuna no puede dejar de existir para el Derecho Civil y mantenerse en el Penal», ha explicado Iruin, que ha contradicho al fiscal, Vicente González Mota, planteando que la sala «no puede tener pronunciamiento sobre HB, EH, Batasuna». A partir de ahí, el abogado ha desarrollado una dura intervención hacia la instrucción del juez Baltasar Garzón, a quien ha responsabilizado de provocar una «devastación» de los derechos civiles y políticos, recordando que la suspensión de actividades de Batasuna permitió todo tipo de prohibiciones, que alcanzaron incluso a partidas de mus o campeonatos de futbito.

«Se produjo la exclusión total de la izquierda abertzale del sistema político gracias a la utilización de un punto del Código Penal», ha rememorado. En este sentido, ha recordado que pese a que las actividades de Batasuna fueron suspendidas en 2002 y el partido definitivamente ilegalizado en 2003, sus miembros no habían perdido sus derechos civiles y políticos, pese a lo cual, la Audiencia Nacional española mantuvo prohibiciones y vetos, llegando incluso, en opinión del letrado, «a usurpar la competencia de la autoridad gubernativa». Sobre la instrucción, ha recordado diversos pasajes de autos elaborados por Garzón en los que plantea una acción judicial y, posteriormente, «confía en ir demostrando» la existencia de un delito.

En cuanto al procedimiento, Iruin ha llamado la atención sobre el «gigantismo» de un macrojuicio como este, que puede abonar el terreno para el «abuso». Un hecho que ha sido incluso admitido por el Tribunal Supremo en su auto sobre el denominado ‘caso Hacienda’, un macroproceso sobre un fraude fiscal en Catalunya.

Cambios de criterio del fiscal

El abogado también ha hecho referencia a la confusa interpretación del fiscal, cuya intervención del jueves apuntaba a la posbilidad de que ser miembro de HB ya pudiese interpretarse como integrante en ETA. Una tesis que rompe con los criterios establecidos hasta el momento, cuando a la circunstancia de estar integrado en la Mesa Nacional se añadía ser parte de otra estructura como Hasi o KAS. Ahora, sin embargo, tras escuchar al fiscal «parece que basta» con pertenecer a HB, ha planteado Iruin, que ha calificado irónicamente como «confusas» las explicaciones del Ministerio Público.

Sobre las fases del supuesto control de ETA sobre Batasuna establecido por la Fiscalía siguiendo las indicaciones policiales, Iruin ha llamado la atención sobre los cambios de criterio. Hasta 2003 ha admitido la existencia de criterios establecidos por el Tribunal Supremo en su sentencia de ilegalización. Un elemento que, según ha denunciado, las acusaciones intentan mantener a partir de esa fecha por la mera antigua pertenencia de los acusados a formaciones que fueron decretadas ilegales. «Para el fiscal parece que no hay que acreditar, se da por supuesto por inercia», ha señalado.