El escándalo destapado esta semana tiene su origen en el informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción al juez que investiga el «caso Bankia», que revela que 86 personas, entre consejeros y directivos de Caja Madrid y de Bankia, gastaron 15,2 millones de euros en diez años -entre 1999 y 2012- a través del uso de tarjetas de crédito no declaradas, lo que destapa a su vez la existencia de una «cuenta B» que la entidad puso a disposición de «determinados» consejeros y directivos para gastos distintos a los derivados de actividades de la caja.

En los documentos que obran en poder de la Fiscalía Anticorrupción figuran 28 directivos y consejeros nombrados a propuesta del PP, 15 por iniciativa del PSOE, cuatro por IU, seis por CCOO y cuatro por UGT. La lista la encabezan Ildefonso Sánchez Barcoj, ex director general de Caja Madrid y cerebro de la trama, que facturó 484.200 euros con estas tarjetas, el expresidente de la caja, Miguel Blesa (436.700) y el exvicepresidente José Antonio Moral Santín, de IU (465.500 euros). Junto a ellos figuran también los exministros Rodrigo Rato (44.200 euros) y Virgilio Zapatero (36.000), el exjefe de la Casa Real Rafael Spottorno (235.900) o Gerardo Díaz Ferrán, de CEOE (94.000).

De los 86 implicados, 28 consejeros siguieron usando las citadas tarjetas después de cesar en su cargo, realizando movimientos, incluso, ocho meses después del cese. Pero, además, quince de ellos llegaron a facturar 380.000 de euros en apenas un mes, coincidiendo con la época previa a la nacionalización de Bankia, entre diciembre de 2011 y enero de 2012.

Destituciones

El escándalo es de tal magnitud que tanto partidos como sindicatos se han visto obligados a destituir a algunos de estos consejeros. El grueso de las dimisiones, cinco, se produjo el viernes: el jefe de gabinete de la secretaría de Estado de Hacienda, José María Buenaventura, que gastó 63.000 euros; el secretario general de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez, que cargó 44.000 euros o el socialista Ángel Gómez del Pulgar, que ha abandonado la Ejecutiva del PSM tras beneficiarse de 149.700 euros son algunos de ellos. También ha presentado su dimisión el miembro de la Ejecutiva Confederal de CCOO Rodolfo Benito, que gastó 140.600 euros, y el gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de la localidad madrileña de Boadilla del Monte José Rodríguez, que cargó 37.100 euros.

Estos cinco se suman a la dimisión presentada el jueves por la presidenta de la Fundación Caja Madrid, Carmen Cafranga, que gastó 175.200 euros, al cese del ex director general de Economía de la Comunidad de Madrid, Pablo Abejas, que cargó 246.700 euros, y al del asesor del grupo municipal del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez Moliner, destituido por la alcaldesa, Ana Botella, tras conocerse que su nombre figuraba en el listado, en el que se le atribuye un gasto de 58.000 euros.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, dijo que le «avergüenza» que su partido tenga quince militantes que dispusieron de estas tarjetas, a los que aseguró que se va a exigir que devuelvan el dinero y se les va a «expulsar» del partido. «No sé si en el viejo, pero en el nuevo PSOE estos comportamientos no tienen cabida», recalcó Sánchez, quien pidió perdón a los ciudadanos por estos hechos.

Además, la dirección del PSOE comunicó ayer a dieciséis militantes la citación de la Comisión de Garantías y Ética del partido con la apertura de un expediente para investigar los hechos.

El PP, por su parte, indicó que investigará «caso por caso» entre los más de veinte afiliados del partido que se beneficiaron de esas tarjetas y que «actuará en consecuencia» si de esas indagaciones se desprende que hubo irregularidades.

El portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, pidió una «acción rápida, precisa y contundente» de la Justicia y anunció que exigirá de nuevo que se cree una comisión de investigación en el Congreso. Negó que ninguna de las personas que ocuparon puestos de dirección o como consejero de Caja Madrid formen ya parte de esta organización.

Patronal

La patronal tampoco ha escapado del caso y el presidente de la Patronal Madrileña (CEIM) y de la Cámara de Comercio de Madrid, Arturo Fernández, se veía obligado a anunciar que devolverá «de forma inmediata» los 37.000 euros que utilizó, tras señalar que «nunca sospeché que su uso pudiese constituir un acto recriminable».

El caso también ha levantado la reacción del Ministerio de Hacienda, que extenderá la investigación sobre el uso de estas tarjetas a todas las empresas, y no solo a las del Ibex-35.