Por desgracia, en demasiadas ocasiones, el tormento sigue considerándose como un problema específico de un sector político, como si el hecho de su existencia no contaminase toda una sociedad. Lo pudimos comprobar hace dos semanas, en debates diversos (a través de blogs o en redes sociales), pero con elementos en común y con los estremecedores testimonios de los jóvenes como fondo. Al norte del Ebro, que el horror ha sido una constante en comisaría es algo que prácticamente no niega nadie. Y, pese a ello, todavía hay un larguísimo camino para el reconocimiento y reparación de sus víctimas.

Al sur, sin embargo, la situación es diferente. En abstracto, casi cualquier persona dirá, si le preguntan, que rechaza tajantemente que se aplique la bolsa a un detenido o que se practiquen vejaciones sexuales a una arrestada. Sin embargo, algo falla cuando la denuncia de determinadas vulneraciones de derechos humanos todavía se sigue penalizando socialmente (y, por extensión, en las urnas), lo que explica, que no justifica, tantos silencios. La perversión de la «securocracia» ha llevado a la lógica de que cuando un ciudadano vasco denuncia tortura es que «algo habrá hecho». Ni cuando profesionales médicos certifican la veracidad de 45 casos de maltrato (entre ellos algunos de los jóvenes ahora juzgados) se produce el escándalo.

Esta es la terrible realidad y la pregunta está en cómo cambiarla. La pervivencia de las torturas no puede entenderse como un problema particular sino como un drama que afecta a toda la sociedad, tanto en Euskal Herria como en el Estado. Todos los demócratas, los que aspiramos al cambio político, ganamos con su denuncia y erradicación. Se trata de construir sociedades mejores, donde el maltrato sea un mal recuerdo del régimen que debe caer.