La Comisión de Derechos Humanos del Parlamento de Gasteiz dará mañana el paso previo a la aprobación de la ley de creación del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, un proyecto redactado en la pasada legislatura, cuando gobernaba Patxi López y la izquierda abertzale estaba fuera de la Cámara autonómica. PNV y PSE decidieron retomar aquel proyecto, que quedó en el limbo al adelantarse las elecciones autonómicas a octubre de 2012, y no han aceptado ningún cambio sustancial que adapte la propuesta aparcada a la nueva realidad parlamentaria y política de la CAV.

El PSE, que en esta materia sigue dependiendo de la batuta de Rodolfo Ares, no ha querido abrir la mano a las propuestas de EH Bildu, único grupo que tenía voluntad de aportar. El PNV, por su parte, ha primado su relación preferencial con el PSE a la posibilidad de que el Instituto tenga en el futuro funciones marcadas que lo conviertan en un verdadero referente de la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación de las conculcaciones de derechos que se han dado en las últimas décadas.

EH Bildu se abstendrá

Desde el inicio del proceso -incluso ya en la pasada legislatura- el PP estaba abiertamente enfrentado al modelo de Instituto de la Memoria en el que trabajaron PNV, PSE, los diputados expulsados de Aralar y el de Ezker Anitza. Ya se daba por hecho, por tanto, que PP votaría en contra, al igual que UPyD, que ni siquiera ha participado en la ponencia.

EH Bildu mostró interés en el proyecto, pero no encontró receptividad a sus propuestas. El pasado sábado anunció que se abstendrá, criticando la posición cerrada de PNV y PSE, pero añadiendo el deseo de mantener «puentes abiertos» porque «Euskal Herria necesita una institución que garantice el valor de la memoria, la convivencia y los derechos humanos, que investigue y verifique todas las violaciones de derechos humanos que se han cometido al objeto de arrojar luz sobre lo que aún no se conoce».

El parlamentario Julen Arzuaga considera que el periodo de tiempo que abarca el Instituto, desde el alzamiento fascista hasta la actualidad, es «adecuado», aunque considera inadmisible parte de la terminología empleada, como «terrorismo de ETA» frente a «contraterrorismos ilícitos» para hablar de la violencia del Estado.

EH Bildu también critica la negativa de los impulsores del proyecto a aceptar su propuesta de garantizar un funcionamiento autónomo del Instituto, más desligado del Ejecutivo de Lakua, que a su entender «hubiera asegurado su efectividad de cara a fijar su programación, estrategias y líneas de trabajo; es un error que el Instituto sea una simple antena del Gobierno vasco». Además, la coalición pretendía dotar al Instituto de un carácter investigador sobre las conculcaciones de derechos.