Entre las personas cuya detención ha ordenado Interpol se encuentran Rodolfo Martín Villa o José Utrera Molina, suegro del ex ministro español de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. 

No parece probable que la Policía española arreste a los cargos franquistas. Sin embargo, la orden de arresto implica que serían detenidos en caso de que abandonen las fronteras del Estado.

Según ha informado Ceaqua, en dicha comunicación «muy urgente», Interpol pide al juzgado que le facilite todos los datos de identificación personal que conozca, para evitar posibles confusiones por razones de homonimia, a efectos de emitir una orden de captura internacional. Ello sin perjuicio de solicitar de la Policía española, en el marco de la cooperación internacional, la totalidad de registros filiatorios que se posean de esas personas (se adjunta copia de dicha notificación).

La orden afecta, además de a Martín Villa y Utrera, a Fernando Suárez, ministro de Trabajo y vicepresidente del gobierno en 1975, por su presunta responsabilidad en la pena de muerte de los cinco últimos fusilados por el régimen franquista en septiembre de 1975 (los miembros de ETA Txiki y Otaegi y tres del FRAP).

Figuran también Antonio Carro Martínez, ministro de la Presidencia (1974-1975); Licinio de la Fuente, ministro de Trabajo (1969-1975) y vicepresidente (1974-1975); Antonio Barrera, ministro de Hacienda (1973-1974), ya fallecido; José María Sánchez Ventura Pascual, ministro de Justicia (1975); Alfonso Osorio García, ministro de la Presidencia (1975-1977) y vicepresidente del Gobierno (1976-77).

Además, están imputados el excapitán de la antigua Policía Armada Jesús Quintana Saracíbar y siete expolicías: Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz -identificado como uno de los torturadores de Jon Etxabe–, Pascual Honrado de la Fuente, Jesús Martínez Torres, Benjamín Solsona Cortés–fue comisario en Bilbo–, y Atilano del Valle Oter.

Los últimos reclamados por la Justicia argentina son Carlos Rey González, quien fuera miembro del Consejo de Guerra que juzgó a Salvador Puig Antich, los antiguos jueces Antonio Troncoso de Castro y Jesús Cejas Mohedano, y el ginecólogo Abelardo García Balaguer.