Muñoz y Etxaide han participado en una comparecencia en Bilbo de los representantes de las organizaciones que impulsan la Carta de Derechos Sociales –que aglutina a diversos sindicatos y numerosos colectivos sociales–, en la que han realizado un llamamiento a participar en las marchas que realizarán este sábado con el lema ‘Aldaketa Soziala orain! Tenemos alternativa’.

La marcha de Bilbo partirá a las cinco de la tarde del Sagrado Corazón, mientras que en Iruñea la movilización comenzará media hora más tarde desde el Antoniutti.

En su intervención, el seceretario general de ELA ha incidido en que «la palanca del cambio social y política está en la calle» y, en este sentido, ha opinado que las organizaciones sindicales y sociales tienen «la obligación de organizar el conflicto social y procurar que sea mayoritario». «Nuestra legitimación está en que las calles estén llenas de gente que se está dando cuenta de lo que pasa», ha señalado.

Muñoz ha denunciado que «los que ganan, ganan cada vez más y los que pierden, pierden cada vez más» en un contexto en el que el poder económico tiene «secuestrado» al político y «aquí también existen puertas giratorias».

Aunque ha reconocido que esta práctica en ocasiones «puede ser legal», ha subrayado que «es una muestra más del grado de corrupción sistémica que existe en nuestra sociedad». «La corrupción es indecente y la peor es la que tiene apariencia de legalidad», ha manifestado.

A su entender, «casi es indiferente quién entra en la política porque se le obliga a hacer aquello que el capital ha decidido que hay que hacer». Muñoz ha afirmado en que «es completamente falso que no exista alternativa posible» y ha añadido que es preciso «interpelar a todo el poder político sin exclusión».

El responsable de ELA ha advertido de que, si bien es «difícil cambiar la agenda» en Europa, si no existe «presión social, sin movilización de calle, es imposible».

Diálogo social vacío

En la misma línea, la secretaria general de LAB se ha mostrado convencida de que las protestas de este sábado no será «una más», sino que supondrá un «impulso a una nueva fase de movilizaciones».

Tras denunciar la «involución democrática» que ha provocado que se «expulse a la sociedad del reparto de la riqueza y de las decisiones políticas», ha defendido la necesidad de «presionar» a las instituciones que «no han querido recibir a la Carta de Derechos Sociales, imponen diálogos sociales totalmente vacíos de contenidos y, sobre todo, son la forma de rechazar un diálogo real con la sociedad».

Etxaide ha indicado que el crecimiento de la desigualdad no se debe a que «no a que la crisis así lo ha impuesto», sino a las políticas que se han desarrollado durante estos años y ha apelado a no solo «criticarlas», sino a «transformar la realidad social».

De este modo, ha señalado que «cada vez más sectores, más colectivos, más personas» deben participar en «la construcción de una alternativa» a un modelo de crecimiento que «se sustenta sobre la liquidación de todos nuestros derechos».

En este sentido, ha destacado que la ‘Carta de Derechos Sociales’ pretende construir un nuevo modelo social «a partir de la participación social» para que los derechos de los ciudadanos sean respetados porque «no estamos dispuestos a depositar esa necesidad» ni en los gobiernos ni en las multinacionales.

Asimismo, ha reclamado la «capacidad para decidir» porque «son las instituciones vascas a las que les corresponde cómo vamos a salir de esta situación, cuáles son las políticas que tenemos que hacer», si bien ha precisado «no depositamos en las instituciones vascas nuestro futuro porque es la sociedad vasca la que debe protagonizar».

Respuesta fría

Por su parte, Endika Pérez y Ana Pérez han lamentado que la propuesta de la ‘Carta de Derechos Sociales’ ha recibido una «respuesta fría» por parte de las instituciones ya que, según han indicado, tanto el Gobierno de Lakua como las diputaciones vizcaina y alavesa «se han negado a reunirse» porque «no quieren cambiar las prioridades de la política» y se encuentran «cómodos» en el modelo actual.

Además, han señalado, la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento navarro sí les escucho pero «no hubo compromisos». La Diputación de Gipuzkoa, por el contrario, se comprometió a elaborar una memoria para «comparar el trabajo realizado para garantizar los derechos sociales con lo recogido en el programa social», así como a «compartir con la Carta sus retos en materia de política social e intención de cara al futuro», han indicado.

Medidas

Entre las medidas propuestas por la Carta Social, se encuentran «no aceptar las limitaciones presupuestarias y recortes que el Gobierno español ha aprobado y revertir los recortes aprobados en las instituciones» de Hego Euskal Herria, así como impulsar una política fiscal «justa y progresiva» y desarrollar los servicios públicos propios para atender los sectores sociales estratégicos.

Aumentar las prestaciones sociales para responder al incremento del desempleo y la pobreza, y establecer por ley el reconocimiento derechos de cobertura de la dependencia, de la educación gratuita en todas las etapas y de acceso a una vivienda de alquiler social son otras de las medidas que plantea.

También se propone una política de empleo que defienda, cree y reparta empleo de calidad, reestructurar todas las instituciones para «posibilitar de manera efectiva la participación democrática de la sociedad en el diseño, toma de decisión y control de todas las políticas», una auditoria de la deuda, atajar la violencia contra las mujeres, la normalización del euskera e impulsar un proceso soberanista para «conseguir capacidad normativa plena en materia económica y social».