El portavoz de la Diputación de Bizkaia y candidato del PNV a diputado general, Unai Rementeria, dijo ayer que la información publicada por GARA sobre José María Iruarrizaga es un «ejemplo de la política de descalificación e insulto» que atribuye a EH Bildu.
«Yo creo en la política 0.0. Cero insultos y cero de jugadas sucias. Ese va a ser mi estilo, no entrar en descalificaciones», añadió Rementeria, quien fue el primer miembro del Gobierno foral que se pronunció al respecto, aunque ni desmintió ni confirmó la noticia.
El candidato a diputado general por EH Bildu, Josu Unanue, dijo que los jeltzales «están lanzando balones fuera» e intentando desviar la atención utilizando para ello a la coalición. «Que tengan claro Rementeria y la sociedad de Bizkaia que EH Bildu no se va a callar ante estos casos de imputaciones de corrupción e irregularidades. Tolerancia cero», subrayó.
Al portavoz foral le emplazó a hablar «con mayor claridad y firmeza» ante casos como el de Iruarrizaga. «Están intentando restar importancia a las irregularidades y a la corrupción cada vez más evidente que está aflorando en torno a su partido», lamentó Josu Unanue.
PSE y PP esperan aclaraciones
La petición de aclaraciones no llega solo de la primera fuerza de la oposición en Bizkaia, en una tertulia en Onda Cero Bilbao, los junteros Juan Otermin (PP) y Arturo Aldecoa (PP), que no dudaron de la «honorabilidad» del diputado foral, atribuyeron la irregularidad destapada por este diario a un problema de índole administrativo relacionado con el registro mercantil. En todo caso, abogaron porque José María Iruarrizaga aclare la información, algo de lo que el jeltzale Josu Arteta no dudó, quien también apuntó a algún retraso en la tramitación del cese de los cargos.
El representante del PP consideró positivo que los medios de comunicación se hagan eco de informaciones como esta y estimó que tras ella «no hay ningún tipo de conspiración».
A este respecto, el soberanista Joseba Gezuraga recordó que a la publicación de esa noticia le ha seguido la anulación de una inserción publicitaria en GARA por parte de la Diputación. Insistió en la necesidad de que Iruarrizaga lo aclare.
El lehendakari ve el «caso De Miguel» como «judicialización de la política»
Hablando del «caso De Miguel», en el que el juez acusa de once delitos a 26 personas, de las cuales 20 están vinculadas al PNV, el lehendakari, Iñigo Urkullu, dijo ayer que ante la «judicialización de la política» solo le queda «reivindicar la presunción de inocencia, así como la necesidad del esclarecimiento de los hechos y la diligencia en los procesos judiciales». Esta causa se abrió cuando una abogada llevó a la Fiscalía 24 grabaciones en las que se le exigía el pago de una comisión de 100.000 euros por una adjudicación de 471.000 para la gestión de la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano.
El lehendakari, entrevistado en Onda Vasca, también aseguró que la reacción del PNV -cuyo EBB presidía él mismo en aquellos años- tuvo una actuación «ejemplar», aunque fue «una decisión que en aquel momento fue dolorosa, pero que tuvo como objetivo el trazar una línea por la que no hubiera una vinculación». La decisión del partido fue pedir a los implicados que devolvieran el carné del partido, algo que no hicieron hasta diez meses después. La única reacción inmediata fue la del entonces diputado general de Araba, Xabier Agirre, que forzó el cese de su diputado de Administración Local, Alfredo de Miguel, después de que fuera detenido por la Ertzaintza.
Además, el lehendakari siguió levantando sospechas -como hizo la víspera el EBB- sobre las intenciones con las que juegan el juez y los medios, el primero al decidir ahora el final de la instrucción del caso y los segundos al hacer noticia de ello, cuando a su entender no hay nada nuevo sobre lo que ya se sabía.
Entre tanto, el resto de partidos no creen que el PNV fuera ajeno a lo que estaba ocurriendo con esta trama que, según el juez, obtenía irregularmente contratos y adjudicaciones públicas de instituciones gobernadas por este partido y en la que participaban varios miembros del ABB.
EH Bildu pidió la destitución de uno de los 26 imputados, Josu Montes, como miembro del Consejo Asesor de Planeamiento Urbanístico de Bilbao, «nombrado a dedo por el PNV», en representación de la Fundación Naturgintza, sin actividad desde 2006 e implicada también en la trama.
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