Sin demasiada sorpresa, el pleno del Tribunal Constitucional ha decido este mediodía por unanimidad declarar ilegales todas las actuaciones previas a la consulta catalana del 9 de noviembre. Así lo ha comunicado en una sentencia en la que se explica que, según este órgano en manos de un exmilitante del PP, el «proceso participativo» finalmente llevado a cabo el 9N en Catalunya vulneró competencias exclusivas del Estado.

El Constitucional señala que las dos preguntas encadenadas que contestaron 2,3 millones de catalanes aquel día (¿Quiere que Catalunya se convierta en un Estado? y ¿Quiere que este Estado sea independiente?) plantean «una cuestión que afecta al orden constituido y también al fundamento mismo del orden constitucional». El mismo auto apunta que «la única vía» para plantear estas cuestiones pasa por la «reforma de la Constitución en los términos en que ella misma prevé».

Un proceso participativo sin convocatoria

La sentencia del Constitucional se refiere a la consulta alternativa organizada por la Generalitat, algunos partidos y miles de voluntarios después de que fuese suspendida la consulta original, convocada en base a la ley de consultas catalana. Como se recordará rebobinando la memoria de aquellos intensos días, aquella consulta alternativa, llamada oficialmente «proceso participativo», no contó con ninguna convocatoria oficial por parte de la Generalitat (precisamente para dificultar su suspensión), por lo que el Constitucional se limita en su sentencia a declarar ilegales el «conjunto de actuaciones» llevadas a cabo por la Generalitat para hacer posible la celebración de la votación.

Aunque esta segunda convocatoria fue también suspendida cautelarmente por el TC antes de su celebración, la Generalitat, arropada y presionada a partes iguales por buena parte de la sociedad civil, siguió adelante con la votación, lo que después se tradujo en una querella del fiscal general del Estado en contra el president, Artur Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega, y la consellera de Educació, Irene Rigau. Una querella que en la actualidad sigue su curso en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.