Luxemburgo acogió ayer la enésima reunión de ministros de Interior de la Unión Europea (UE) para fijar el reparto de las cuotas de demandantes de asilo que tendría que aplicarse a partir del 1 de julio, un encuentro que finalizó de nuevo sin acuerdo y puso en evidencia una clara división del bloque comunitario en relación a la crisis migratoria que, a su vez, está poniendo en cuestión el principio de solidaridad.

Antes del comienzo de la reunión, Italia advirtió de que la solidaridad en la UE está en juego si los Veintiocho no alcanzan un acuerdo para repartir la carga que representa la crisis de las personas migrantes en el Mediterráneo y que afecta principalmente a Italia y a Grecia.

Roma está muy molesta por los 300 migrantes, sobre todo eritreos y senegaleses, que desde el sábado están bloqueados en la localidad italiana de Ventimiglia a la espera de que las autoridades francesas abran la frontera. El ministro italiano de Interior, Angelino Alfano, criticó a París por socavar la libertad de movimiento, uno de los principios de la UE, con el bloqueo de la frontera, y alertó de que «el principio de responsabilidad y solidaridad está en juego».

Por su parte, París y Berlín insistieron en que haya «responsabilidad» en contrapartida a la solidaridad. «Es necesario que haya un dispositivo de retorno en frontera de inmigrantes irregulares por motivos económicos, si no la solidaridad en términos de refugiados no será sostenible», señaló el titular francés de Interior, Bernard Cazeneuve, en una comparecencia conjunta con su homólogo alemán, Thomas de Maizière.

Alfano, Cazeneuve y De Maizière se reunieron ayer con el comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, para tratar de encontrar una solución al drama migratorio.

Cazeneuve insistió en que «no hay cierre de fronteras» y aclaró que la responsabilidad que debe asegurar Italia tiene que ver con garantizar una política de retorno de inmigrantes en situación irregular y el registro en su territorio de los demandantes de asilo, para evitar que acaben en otros puntos de la UE sin haber sido identificados a su llegada.

«Si no se pone en práctica esta responsabilidad, se corre el riesgo de poner fin a la libre circulación en Europa. Queremos evitarlo», dijo De Maizière.

Alemania y el Estado francés intentan desactivar una crisis con Italia similar a la de 2011, cuando por decisión del Gobierno de Silvio Berlusconi dejó pasar sin control a los migrantes llegados a su territorio para denunciar el rechazo del resto de estados de la UE a ayudarles a gestionar el flujo migratorio. Entonces, París reforzó los controles fronterizos junto a la Ventimiglia, como ahora. Austria y Suiza han hecho lo mismo.

Sin acuerdo

Los veintiocho ministros comunitarios de Interior, reunidos ayer en Luxemburgo para discutir la nueva propuesta de la Comisión Europea, que presentó un mecanismo de solidaridad para ayudar a los países más expuestos al flujo migratorio que contempla el reparto de demandantes de asilo, coincidieron en que Italia y Grecia necesitan ayuda, pero no aceptan el plan propuesto por Bruselas.

Así, acordaron trabajar en los próximos días sobre esa propuesta y dejaron la decisión al próximo Consejo Europeo, que se reunirá en Bruselas a los jefes de Estado y de Gobierno los próximos 25 y 26 de junio.

Al activar el mecanismo de urgencia, la Comisión Europea quiere imponer a los estados el reparto de la acogida y tratamiento de 40.000 solicitantes de asilo que lleguen a Italia y Grecia en los próximos dos años, y el reasentamiento de hasta 20.000 refugiados sirios y eritreos entre los Veintiocho. Las mayores cuotas serían para Alemania (18%), Estado francés (14%), Italia (12%) y Estado español (9%).

Algunos socios son favorables a la propuesta de la Comisión, pero no están de acuerdo con las cuotas planteadas y no quieren que ese mecanismo sea permanente. La mayoría quieren cuotas voluntarias y que sean los gobiernos y no Bruselas los que decidan cuántos solicitantes de asilo acogen, dos opciones que rechazó comisario Avramopoulos, quien insistió en que la inmigración es un reto que afecta a toda Europa e instó a los jefes de Estado y de Gobierno a que den pasos hacia el consenso de cara a la cumbre de la próxima semana.

Desalojo en Ventimiglia

Mientras los ministros europeos se reunían en Luxemburgo, más de dos centenares de personas seguían bloqueadas en Ventimiglia, donde pasaron otra noche tanto en la escollera del paseo marítimo, que se niegan a abandonar hasta que los franceses abran la frontera, como en otros lugares de la localidad. La Policía desalojó a quienes se encontraban en uno de los jardines públicos –algunos de los cuales ofrecieron resistencia pacífica entrecruzando sus brazos y sentándose en el suelo–, desde donde fueron trasladados a la estación, donde ya se encontraban decenas de migrantes y se habían instalado servicios higiénicos y una sala para acogerles y proporcionarles alimentos.

Los medios italianos destacaban ayer las condiciones infrahumanas en las que se hallan estas personas, que para continuar su protesta se ven obligadas a lavarse con agua del mar, a afeitarse entre los escollos y que empiezan a tener heridas y llagas en la espalda y las piernas.

Duermen solo con la protección de mantas isotérmicas, a pesar del fuerte viento y la lluvia de estos días, pero siguen firmes mostrando carteles en inglés: «Necesitamos pasar».

Insisten en que no quieren quedarse en Italia sino que su destino es Alemania, Países Bajos o Suecia, donde residen sus familiares o esperan tener una vida más digna. Tramitar cualquier tipo de papeleo, como una petición de asilo, significaría no poder dejar el país transalpino.

«Estamos sin ayuda ni esperanza, a merced de la Policía», lamentó Mustafari, originario de la región sudanesa de Darfur, quien relató a Reuters que se había subido en seis ocasiones a un tren para cruzar a territorio francés y llegar, en última instancia, a Suecia, y denunció que en cinco de esas ocasiones tuvo que regresar a Italia a pie en viajes de entre cinco y seis horas. Todo su dinero –200 euros– lo gastó en billetes y comida.

Acnur denuncia las condiciones de los 55.000 llegados a Grecia

Desde enero ya son más de 55.000 los refugiados que han alcanzado las costas helenas en botes hinchables y de madera, y a pesar de los esfuerzos de las autoridades locales sus condiciones una vez que pisan tierra firme son cada vez peores, denunció ayer el Acnur.

Cientos de personas llegan cada día a las islas griegas principalmente desde Turquía. El 90% huyen de países en guerra como Siria o Somalia, según Acnur, que advierte de que la respuesta es insuficiente pese a la cooperación de voluntarios y ONG en la distribución de comida, agua y ropa. En Lesbos, donde se produce la mayor parte de las llegadas, cientos de personas tienen que caminar más de 70 kilómetros para ser identificados y registrados y los voluntarios reciben amenazas de la Policía. Además, el centro de llegada de Moria está hacinado y el de Mersinidi (Chios), triplica su capacidad.

Giorgos Kaminis, alcalde de Atenas, pidió ayuda al Gobierno y a la UE y alertó de que la situación podría entrar en «una espiral fuera de control». «Hemos pasado de un problema de inmigrantes a uno de refugiados», con la llegada de familias, denunció.GARA