La primera bofetada de la ciudadanía de un país europeo a los burócratas de la UE se remonta a 1972 (entonces se llamaba Comunidad Económica Europea, CEE). Llegó de la mano de Noruega, donde el 53,5% de los votantes rechazó integrarse en la estructura europea. Desde entonces, el páis nórdico ha permanecido fuera, aunque mantiene niveles de colaboración en distintos temas. Irlanda y Dinamarca votaron entonces a favor de la integración europea.

La siguiente bofetada en forma de referéndum llegó también de los países nórdicos en setiembre de 1992, cuando la ciudadanía de Dinamarca rechazó integrarse en el Tratado de Maastricht. En el año 2000, otro referéndum danés dio la espalda al euro con un 53,2% de votos negativos. Tres años después, los votantes de Suecia tomarían una posición similar, con un 56,1% de votos contrarios al euro. Actualmente, estos dos países están fuera del euro y mantienen sus respectivas coronas.

Irlanda también ha mostrado en varias ocasiones su rechazo a normas dictadas por Bruselas. La primera vez fue en 2001, cuando votaron en referéndum la ratificación del Tratado de Niza y su ciudadanía la rechazó con con un 53,9%. La "solución" adoptada por Europa en esta ocasión fue la de repetir la consulta un año después, cuando sí se logró la aprobación con un 62,9% de los votos pero una muy escasa participación.

El proyecto de Constitución Europea fracasó en dos referendos en 2005. Tanto en el Estado francés (con un 54,9% de votos negativos) como en los Países Bajos (con un 61,5%) rechazaron la Constitución europea, por lo que se tomó la decisión de no seguir adelante a pesar de que ya había referendos convocados en Chequia, Dinamarca, Irlanda, Polonia, Portugal y Gran Bretaña. Previamente, se habían celebrado referendos en los que se aprobó la Constitución en el Estado español y en Luxemburgo.

En el referéndum sobre el Tratado de Lisboa se volvió a obligar a los irlandeses a volver a votar hasta que saliera el resultado deseado por Bruselas. En 2008, votó que no a este tratado un 53,2% de quienes acudieron a las urnas. Un año después, se repitió la consulta y el resultado fue del 67,1% a favor. Los burócratas de Bruselas podían respirar tranquilos.

También puede incluirse como reflejo de la falta de respeto de la UE a las decisiones expresadas por la ciudadanía en las urnas, la imposición de Mario Monti como primer ministro italiano de 2011 a 2013. No se presentó a ninguna elección, pero tenía el respaldo de los burócratas de Bruselas para seguir aplicando las recetas de la Troika. Y ese fue suficiente aval para gobernar.