La Cámara de los Comunes ha dado luz verde a la ley que permitirá convocar un referéndum sobre la pertenencia de Gran Bretaña a la Unión Europea, una consulta que el primer ministro británico, David Cameron, se ha comprometido a celebrar antes del fin de 2017.

La normativa superó el trámite de la tercera lectura en la cámara baja de Westminster, con 316 votos a favor y 53 en contra. Ahora pasará a la Cámara de los Lores antes de recibir «el consentimiento real» de Isabel II.

Un grupo de 37 conservadores euroescépticos se ha alineado con la oposición para eliminar una propuesta que iba a facilitar al Gobierno hacer campaña antes del referéndum. Los tories han votado unidos en contra de que los ciudadanos de 16 y 17 años puedan tomar parte en la consulta, una propuesta laborista, y contra la participación de los ciudadanos europeos residentes en las islas, como proponía el Partido Nacionalista Escocés (SNP).

Sin embargo, 37 miembros se han unido a los votos laboristas e independentistas escoceses para lograr sumar 312 votos, frente a 285, y tumbar una modificación a la ley que iba a permitir al Gobierno defender públicamente una de las opciones en liza en los días previos al referéndum.

La legislación británica establece que el Ejecutivo no puede hacer anuncios relevantes ni utilizar recursos públicos para defender sus puntos de vista en la campaña previa a cualquier cita con las urnas, en el periodo conocido como ‘purdah’.

El texto con el que Cameron pretendía contentar a los críticos de su formación mantenía algunas limitaciones pero dejaba la puerta abierta a que los representantes públicos manifestaran durante los 28 días previos a la votación su postura «en términos comedidos y moderados» y opinaran sobre asuntos de política comunitaria. Y es que varios frentes del Partido Conservador sospechan que el partido pueda pedir, en la recta final, un voto para mantenerse en el club europeo.

El Gobierno todavía no ha fijado una fecha para convocar la consulta y mantiene que el calendario depende el avance de las negociaciones con Bruselas, si bien se ha comprometido a que pondrá las urnas en la calle antes del final de 2017.