El pasado 27 de setiembre votaron 4.130.197 catalanes, un espectacular 74,95% del censo electoral. Pero los resultados los cargó el diablo. Por dos motivos. En primer lugar, porque pese a que el independentismo ganó ampliamente y sin discusión las elecciones, se quedó a las puertas de conseguir el 50% de los votos. Y en segundo lugar, porque el reparto de escaños entre las fuerzas independentistas hace indispensable el acuerdo entre Junts pel Sí y la CUP para investir un president. Si a esto le sumamos el ruido preelectoral en el Estado español y las ya cotidianas operaciones policiales (tres en una semana), ya sea contra la corrupción de Convergència o contra grupos anarquistas fantasma, nos empezaremos a hacer una idea del endiablado panorama postelectoral que domina los estresados despachos políticos de Barcelona. Bienvenidos al laberinto catalán.

Los prácticamente dos millones de votos conseguidos por el independentismo son una cifra espectacular. Es para darse con un canto en los dientes. El independentismo ganó las elecciones de forma abrumadora. Y sin embargo, mal que pese, no ganó el referéndum. Desde las filas independentistas se insiste en que sí, en que lo del 27S fue un plebiscito y que se ganó. Uno es libre de hacerse todas las trampas al solitario que quiera, pero el 48% de los votos sumados por JxSí y la CUP no llegan a la mitad más uno. No está de más recordarlo. La CUP ya lo admitió renunciando inmediatamente a la Declaración Unilateral de Independencia (DUI). JxSí no lo tiene tan claro. No es extraño, el experimento electoral del 27S necesita el relato de la victoria para mantener vigente el artefacto que une a Convergència y a Esquerra, utilizando de cola a figuras independientes.

Al mismo tiempo, las emociones fuertes, es decir, los pasos irreversibles y decididos hacia adelante, son lo único que puede unir circunstancialmente a JxSí y la CUP. De ahí iniciativas potentes como la Declaración de inicio del proceso de creación de la república catalana. Pero que nadie se engañe, no es una DUI, es un papel con los suficientes puntos ambiguos como para hacerla soportable a Convergència y con la suficiente contundencia como para que la CUP la pueda defender. Impugnándola, Madrid la hará todavía mejor. Pero no soluciona lo que a día de hoy es el principal escollo: la investidura de un president. Así las cosas, Catalunya lleva un mes avanzando dentro de un laberinto en el que las incógnitas siguen siendo las mismas que el día después de las elecciones: la existencia o no de un mandato democrático claro para la ruptura y la compleja formación de un nuevo Govern.

A estas alturas del partido, probablemente ha llegado la hora de hablar claro y explicar que la hoja de ruta de Junts pel Sí pasa irremediablemente por la negociación con el Estado o con las autoridades europeas, a las que sigue apelando. No lo tienen escrito en ningún sitio, pero de todas y cada una de sus declaraciones se desprende la esperanza de negociar. Ni es malo ni debe sorprender. Tan difícil es forzar una negociación como conseguir que alguien reconozca la independencia declarada de forma unilateral.

Pero para forzar una negociación, la voluntad de ruptura unilateral debe ser creíble. No es ninguna paradoja. Que el Estado solo se moverá cuando quedarse quieto le resulte más perjudicial es algo que Euskal Herria ya aprendió en su día. De ahí el empeño de Junts pel Sí de presentar la victoria del 27S como el mandato democrático definitivo para declarar la independencia. Pero los resultados son los que son y España es la que es. En un país democrático, un 48% de los votos independentistas obligarían al Estado a aceptar un referéndum en condiciones. En el Reino Unido, David Cameron lo aceptó después de que el SNP obtuviese en 2011 el 44% de los votos. Pero estamos en España y «referéndum» sigue siendo una palabra extraña.

Aceptando, por lo tanto, la vía unilateral como única posible por el momento (ya sea para declarar la independencia o para forzar la negociación), no está de más mirarse al espejo y preguntarse, honestamente, si es factible proclamar la independencia con el 48% de los votos. Si no es factible, difícilmente se podrá obligar al Estado a ninguna negociación.

Y si no es factible, la única conclusión lógica es que es necesario seguir ensanchando el espacio por la ruptura. Tras el 9N, la cifra de dos millones de votos independentistas parecía casi imposible, pero el 27S se rozó. El soberanismo lleva cinco años rompiendo supuestos techos. En este trabajo de expansión, tanto JxSí como la CUP coinciden en que es clave el proceso constituyente, con el que Catalunya Sí que es Pot (CSQP), la izquierda no independentista, está de acuerdo en participar. Al menos en teoría.

El proceso constituyente, es decir, el ejercicio de imaginar (y decidir) cómo será la república catalana, es el espacio que, ahora mismo, permite hacer avanzar el proceso independentista y, al mismo tiempo, ensanchar la base soberanista. El principal reto en este sentido es sumar a la mentada izquierda no independentista al proceso constituyente, para lo cual resulta imprescindible compartir cierto relato común sobre lo que pasó el 27S. La buena noticia para el independentismo (y para la democracia), es que CSQP está dispuesta a aceptar la independencia si así lo deciden la mayoría de los catalanes. La mala noticia es que no consideran que el resultado del 27S sea el mandato popular en dicho sentido, tal y como reivindica JxSí. Compartir parte del diagnóstico, por lo tanto, resulta fundamental para empezar a trabajar juntos.

Así, una de las principales paradojas del escenario catalán es que la reivindicación del 27S como el mandato popular para la ruptura unilateral es, precisamente, lo que le resta fuerza a la estrategia unilateral, que requiere de una acumulación de fuerzas mayor de la existente en la actualidad. Esta realidad conjuga además a la perfección con poner el foco en el proceso constituyente, de manera que sean los pequeños actos desobedientes los que vayan dando forma a la ruptura, y no al revés. A modo de ejemplo, desobedecer este invierno la prohibición del Tribunal Constitucional (TC) sobre el decreto del Parlament contra la pobreza energética contaría a buen seguro con el apoyo de CSQP. Igual con la ley Wert o con la elaboración de la Hacienda Pública, por ejemplo. Cabe esperar que España, en plena ebullición electoral, se encargue del resto, arremetiendo contra las autoridades encargadas de la desobediencia. En los despachos de Madrid se discute desde hace días cuál es la mejor carta: el artículo 155 de la Constitución, la nueva Ley de seguridad nacional o la flamante reforma del TC. La inestimable ayuda del Estado volvería a situar la carpeta catalana en los parámetros de demanda democrática, donde tiene todo por ganar.

Pero ni estas especulaciones ni la Declaración del Parlament servirán de nada si Junts pel Sí y la CUP no son capaces de ponerse de acuerdo en la investidura de un president. Las posiciones a día de hoy siguen siendo antagónicas: la Esquerra Independentista se niega a investir a Artur Mas y CDC y ERC se niegan a proponer a otro president. Cabe pensar que, igual que se ha hecho en otros momentos delicados del proceso soberanista, la inventiva y la inteligencia colectiva serán capaces de encontrar una solución. Pero cabe admitir también que semejante posición no deja de ser un acto de fe.

La CUP ha reiterado hasta la saciedad que no investirá a Mas. Es tan cierto como que Junts pel Sí ha insistido siempre en que no tiene otro candidato. Y también es cierto que, del mismo modo en que la CUP cubre el espacio de la izquierda alternativa de forma inmejorable (atrayendo al independentismo a sectores tradicionalmente indiferentes a la cuestión nacional), Mas es a día de hoy prácticamente la única garantía de que la derecha siga embarcada en el proceso independentista. Y tan cierto es que la corrupción en Convergència dificulta el entendimiento, como que las operaciones orquestadas estos días desde el Estado persiguen que Junts pel Sí y la CUP no lleguen a ningún acuerdo.

Volvemos al inicio: el escenario es endiablado. Es un cul de sac, un callejón sin salida en el que no existe ninguna solución mágica. Alguien va a resultar decepcionado. Que las posiciones de ambas partes son igual de legitimas es tan cierto como que Junts pel Sí obtuvo 1.628.714 votos y la CUP 337.794. Cada uno es libre de decidir, soberanamente, qué hace con esos votos. Desde fuera, la obsesión de Mas por identificar el proceso con su figura es tan perversa como difícil de justificar resulta que 10 diputados traten de obligar a 62 a cambiar a su candidato a la Presidencia. En las manos de todos ellos está no olvidar las palabras del president Tarradellas: «En política se puede hacer de todo menos el ridículo».