Su abogado, Yves Repiquet, ha tildado la decisión de «incomprensible» porque la Fiscalía había solicitado a la Corte de Justicia de la República que desestimara el caso, al tiempo que ha avanzado que recomendará a Lagarde que apele.

Lagarde fue imputada en agosto de 2014 por su supuesta negligencia en la designación de un tribunal de arbitraje privado que concedió una indemnización de 403 millones de euros al empresario, conocido por su amistad con el entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy.

Ese arbitraje debía decidir si Tapie había sido perjudicado por la venta de la empresa de equipamiento deportivo Adidas en los años noventa del pasado siglo.

Confiscada a Tapie, esa empresa fue vendida por el banco público Crédit Lyonnais por un precio muy inferior al de mercado, según el empresario, que por ello reclamaba al Estado una indemnización.

Tras casi dos décadas de litigios, durante el mandato presidencial de Sarkozy el Gobierno decidió que resolviera el caso un tribunal de arbitraje, que falló contra el Estado y a favor del empresario.

Pero los magistrados de la Corte de Justicia Republicana, única instancia habilitada para juzgar presuntos delitos cometidos por ministros en su etapa de Gobierno, sospechan que la designación de ese tribunal privado pudo decidirse con intención de favorecer a Tapie.

En el caso también está imputados, entre otros, el que fuera jefe de gabinete de Lagarde en 2007 y actual presidente del operador de telecomunicaciones Orange, Stéphane Richard, y el propio Tapie, en ambos casos por «estafa en banda organizada».

Cuando se conoció su imputación, Lagarde anunció que no dimitiría como directora gerente del FMI, instancia que la respaldó. De confirmarse su culpabilidad, se enfrenta a una pena de hasta un año de cárcel y 15.000 euros de multa.