Los desaparecidos en México, que ascienden al menos a 27.000 según datos oficiales, ya están «en la agenda del Gobierno», aunque todavía no hay «cambios reales», especialmente en los casos a los que los medios no prestan atención, denunció ayer Amnistía Interna- cional (AI) al presentar en la capital mexicana su informe “Un trato de indolencia: La respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México”. La ONG destacó que se trata de un problema que «se mantiene» y responsabilizó a la inercia y la incompetencia del Ejecutivo de alimentar lo que calificó de «epidemia de desapariciones».

«Por desgracia, las desapariciones han pasado a ser algo tan habitual en todo México que prácticamente ya forman parte de nuestra vida cotidiana», sostuvo la directora del programa de AI para América, Érika Guevara-Rosas. «En las contadas ocasiones en que realmente se llevan a cabo investigaciones, casi no pasan de ser una mera formalidad», manifestó.

Según el informe, muchos de los casos se derivan de detenciones por parte de elementos de la Policía o del Ejército, y el hecho de que México no cuente con un registro de detenciones «permite a las autoridades negar toda responsabilidad y lavarse las manos».

AI analiza el panorama actual centrándose en dos casos: el de los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa, en sureño estado de Guerrero, y la ola de desapariciones en Ciudad Cuauhtémoc, en el norteño Chihuahua, que suma unas 1.700 víctimas desde 2007.

La versión oficial sostiene que los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecieron a manos de policías municipales aliados con un grupo criminal que los mató. Sin embargo, esta hipótesis fue rechazada en 2015, un año después del suceso, por un grupo de especialistas nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

«Serias deficiencias»

«Que el Gobierno no ha llevado a cabo una investigación seria e imparcial es un hecho bien documentado», señala AI, que critica a las autoridades por empeñarse «en seguir una sola línea de investigación (la de que los estudiantes habían sido detenidos por la Policía municipal y entregados a una banda criminal, y sus cadáveres habían sido quemados en un vertedero)». Puntualiza que existen «serias deficiencias» en su búsqueda.

Sobre Chihuahua, reporta «al menos un caso de encubrimiento» por parte de las autoridades estatales frente a las denuncias por desaparición. Y denuncia que en casi todos los casos no se adoptaron las medidas fundamentales para la investigación, por lo que la búsqueda de los desaparecidos es asumida principalmente por sus familiares.

«La incapacidad del Gobierno mexicano para llevar a cabo investigaciones mínimamente adecuadas sobre las desapariciones pone en grave peligro a miles de personas», indicó Guevara-Rosas, quien pidió «mejorar sustancialmente» un proyecto de ley sobre la materia, presentado el año pasado por el presidente, Enrique Peña Nieto.

«Las autoridades deben elaborar una política pública destinada a evitar estas tragedias para impedir que ocurran más desapariciones», agregó Guevara-Rosas, quien constató «poco interés en muchísimos funcionarios por el dolor de las víctimas».