El ambiente político respecto a la gestión de la acogida de más de un millón de refugiados ha cambiado en Alemania. Según un reciente sondeo, el 51% de los alemanes piensa ahora que «no lo vamos a conseguir». Solo el 44% comparte el «lo vamos a conseguir» de la canciller Angela Merkel. Además, el 48% de los encuestados dice tener «miedo a los extranjeros».

Estas cifras van a impresionar más a la presidenta de la CDU que las críticas internas que está recibiendo. Por lo visto mantiene aún suficiente poder para poner a raya a sus críticos más radicales. Entre 30 y 60 de sus 255 diputados han atraído la atención de los medios porque iban a recoger firmas para una petición con la que forzar a la canciller a cambiar radicalmente su política de acogida. Su iniciativa sintoniza con los 56 parlamentarios de su hermana regional, la bávara CSU, que son parte del grupo parlamentario conjunto. Al final, se han evitado males mayores al optar los disidentes por cambiar su proyecto inicial por una carta a la jefa de Gobierno que no será hecha pública. Así, Merkel ha conseguido, por ahora, mantener el control, pero la presión sube.

Las críticas también surgen de sus socios de Gobierno. Aunque el SPD, liderado por el vicecanciller y Ministro de Economía, Sigmar Gabriel, apoya endurecer las leyes que regulan la deportación de solicitantes de asilo condenados en Alemania, su ministro-presidente de Baja Sajonia, Stephan Weil, insta a Merkel a «corregirse». Le respalda el excanciller Gerhard Schröder que cree «peligrosa» su política porque «las capacidades de acogida, asistencia e integración de refugiados en Alemania son limitadas».

Mientras tanto, la CSU ha pasado de la crítica verbal a acciones de protesta. El jefe del distrito de Landshut mandó el jueves un autobús con 50 refugiados sirios a la Cancillería, en Berlín. Dijo que todos eran refugiados políticos y, por eso, debían abandonar el centro de acogida y buscar un apartamento. Pero en esa región rural escasean las viviendas.

Según un reciente estudio, faltarían unos 650.000 pisos si todos los refugiados quisieran vivir en una ciudad. El problema solo se solucionaría enviándoles también a zonas rurales. Por eso, el SPD propone que el Estado pueda obligarles a residir en un determinado lugar. Esa idea contradice a la Ley Fundamental, que garantiza el derecho a moverse libremente por el territorio nacional.

El ministro-presidente bávaro, Horst Seehofer (CSU), se ve respaldado, mientras, por varios juristas en su idea de llevar al Gobierno federal ante el Tribunal Constitucional por su política de refugiados. La CSU quiere que se limite la acogida a 200 000 personas por año.

Un derecho humano

El debate sobre el trato correcto a los refugiados ha llegado también al izquierdista Die Linke. La líder de su ala izquierda, Sahra Wagenknecht, levantó ampollas cuando, al referirse a las agresiones sexuales en Colonia, presuntamente cometidas por refugiados, dijo que «quien abusa la hospitalidad, la ha perdido». Desde el ala reformista se le respondió que no se trata de «normas de hospitalidad» sino de un derecho humano como es el de asilo.

En el ámbito social, el miedo hace que las solicitudes de licencias de armas para llevar pistolas de fogueo se han disparado. Y a eso se añade decisiones como la del alcalde de Renania de prohibir a los refugiados varones acudir a la piscina pública hasta que hayan comprendido cómo deben tratar allí a las mujeres para que no se sientan humilladas. El político se ha comprometido a dar en persona las preceptivas «clases» en el centro de refugiados, subraya que sus integrantes le respaldan y se ha desmarcado de la ultraderecha.

Esta última sacó músculo el domingo cuando unos 250 neonazis atacaron el barrio de Connewitz, en Leipzig. La ciudad tiene una larga historia izquierdista y un movimiento antifascista muy activo. Con sus bates de beisbol, los asaltantes destrozaron librerías, bares y restaurantes e hirieron a personas. Con material pirotécnico prendieron fuego a una vivienda. Un historiador local dijo a la prensa que al margen de los ataques nazis de los años 90 este era el más violento desde el pogromo contra los judíos alemanes de 1938. Aquella noche, la Policía detuvo a 211 neonazis, que quedaron el libertad tras ser identificados.

El clima político está cambiando en Alemania.