El giro autoritario iniciado por el Partido Justicia y Desarrollo (AKP) parece no tener fin. El pasado viernes, la policía detuvo a al menos 27 académicos y la judicatura inició una investigación contra un centenar de ellos por hacer «propaganda de una organización terrorista» tras firmar hace una semana un documento en el que pedían una solución pacífica para el conflicto en Kurdistán Norte.

Bajo el epígrafe Académicos por la Paz, 1.128 profesores –además de varios centenares de expertos internacionales como Noam Chomsky– de 89 universidades denunciaron el goteo de muertes que cada día sacuden las ciudades kurdas, asediadas por las Fuerzas de seguridad turcas desde que se rompió el proceso de diálogo entre el Estado y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), y firmaron un documento contra los toques de queda y pedían el fin de las operaciones: «Como profesores e investigadores de este país declaramos que no seremos parte de este crimen y prometemos que sostendremos nuestra postura ante partidos políticos, Parlamento y entes internacionales».

«ignorantes colonialistas»

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, arremetió contra los profesores, a los que tildó de «ignorantes» y «traidores», e instó a «castigar» a los enemigos del Estado. «Además invitan a los extranjeros a controlarnos. Es una mentalidad colonial», acusó-

Una vez más, el líder islamista recurrió al discurso agresivo y polarizador para recordar que quien no apoya las medidas del AKP es un enemigo del Estado, la Quinta Columna extranjera que, desde la fundación de la República, tiene entre sus objetivos desestabilizar Anatolia.

Para no desairar al presidente, los fiscales lanzaron una investigación contra los firmantes y decenas de universidades abrieron un expediente disciplinario a los profesores. Las acusaciones son «propaganda terrorista» y violación del ambiguo artículo 301 del Código Penal, que considera el documento un insulto a la nación. La rápida reacción de la Justicia demuestra el férreo control ejercido por el AKP desde que estalló el 17 de diciembre de 2013 la trama de corrupción que afectó a las más altas esferas del Gobierno.

El viernes, mientras discurrían las operaciones que llevaron a las comisarías a 27 profesores universitarios, Erdogan continuaba con su ofensiva verbal: «La gente que está con quienes cometen masacres es culpable del mismo crimen (…) Aquellos que quieran hacer política la pueden hacer en el Parlamento. Si no, se pueden ir a hacer barricadas a las calles o a las montañas (en referencia a unirse al PKK)».

Estas palabras, pronunciadas a la salida del rezo en la mezquita Sultanahmet, encontraron respuesta en el embajador de EEUU, John Bass, quien recordó que «en las sociedades democráticas es imperativo que los ciudadanos tengan la oportunidad de expresar sus opiniones, aunque sean controvertidas o impopulares. Expresarse sobre la violencia no es igual que apoyar el terrorismo. Criticar al Gobierno no es igual a traición».

Tras 13 años en el poder, pocos son los que se atreven a contradecir al hombre de Kasimpasa y, quienes se aventuran, suelen acabar en los juzgados.

Este caso es el último ejemplo de una larga lista de medidas represoras que atañen a oposición y periodistas y que están mermando la libertad de expresión, algo que los anatolios sí degustaron en los primeros años de la era AKP. El presentador de televisión Beyazit Öztürk, que dirige un conocido programa nocturno de entrevistas, ha sido acusado de «propaganda terrorista» porque una mujer entró por teléfono para denunciar la situación que vive el pueblo kurdo.

A finales de diciembre, después de que Selahattin Demirtas apoyase las autonomías democráticas en Kurdistán Norte, el presidente le acusó de «traición». Un día más tarde, los fiscales iniciaron una investigación por las palabras del co-líder de la tercera fuerza política del Estado.

La situación es si cabe aún más preocupante para la prensa, que incluso ha sufrido ataques físicos por grupos ligados al AKP. Según un estudio del CHP, más de 700 periodistas han sido despedidos en 2015 por no plegarse a la línea ideológica del Gobierno. El número de periodistas encarcelados ascendió a 30. El caso más significativo es el de Can Dündar, director del diario opositor Cumhuriyet, tras los barrotes después de desvelar que el AKP enviaba armas a grupos yihadistas de Siria. De nuevo, fue acusado de traición por el presidente por hacer periodismo de investigación.

El HDP y el CHP pidieron la liberación inmediata de los académicos detenidos; la plataforma P24 ofreció asesoramiento jurídico; y más de 400 miembros de la industria del cine y 500 periodistas turcos apoyaron a los profesores en su lucha por la libertad académica, que atravesaba un buen momento después de que se relajase el acoso gubernamental en cuestiones tan espinosas como el genocidio armenio.

El cerco contra la voces discordantes sigue intensificándose en el Estado turco, como destaca Amnistía Internacional. La victoria del actual primer ministro, Ahmet Davutoglu, marcó un precedente muy peligroso para las libertades que el propio AKP había ayudado a construir: el pueblo turco aceptó en las urnas el creciente autoritarismo de Erdogan. Davutoglu, alabado más como académico que político, no ha querido mojarse en esta crisis, una más, que vuelve a poner en tela de juicio la libertad de expresión y la independencia judicial del Estado turco.