Solo tres de los catorce exmilitares arrestados por la desaparición forzada de 558 indígenas y acusados de delitos de lesa humanidad han eludido la prisión, aunque la juez Claudette Domínguez ha dictado órdenes de arresto domiciliario en su contra.

La investigación comenzó después de que el Ministerio Público y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala descubrieran 558 osamentas en 85 fosas comunes en la Zona Militar 21 de Cobán, Alta Verapaz. La Fiscalía señaló que se trata de uno de los mayores casos de desapariciones forzadas en América Latina. Concretamente, en este lugar denominado hoy Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz) cientos de personas fueron retenidas, interrogadas y ejecutadas tras ser torturadas.

Entre los militares encarcelados que han sido procesados se encuentran el exjefe del Estado Mayor del Ejército Manuel Benedicto Lucas García, hermano de que fuera presidente de Guatemala entre 1978 y 1982, Romeo Lucas García, y el ministro de Gobernación durante el Ejecutivo de Alfonso Portillo (2000-2004), Byron Humberto Barrientos.

Este caso ha servido para desenterrar las heridas abiertas de la guerra civil que asoló al país centroamericano entre 1960 y 1996 y que se saldó con 250.000 víctimas entre muertos y desaparecidos. Así, tras la detención de los militares retirados que hoy tienen entre 60 y 80 años se han celebrado varias manifestaciones de familiares y amigos de los detenidos en la capital de Guatemala, tanto en la Plaza de la Constitución como frente a los tribunales para exigir su libertad, por considerarlos «héroes» y reclamar a la Justicia que procese a los miembros de la guerrilla que cometieron crímenes durante el conflicto armado.

La protesta más numerosa se celebró el 9 de enero frente al Palacio Nacional, donde se congregaron unas 3.000 personas convocadas por la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, la Fundación contra el Terrorismo y la organización Familia y Amigos de Militares, con carteles en los que se leía «Mi papá defendía nuestro país, no es genocida» y «No estamos dispuestos a que Dios sea olvidado, ni el soldado juzgado». Frente a ellos, activistas de los derechos humanos y familiares de las víctimas del genocidio, que mantuvieron enfrentamientos verbales con los simpatizantes del Ejército e incluso se produjo algún altercado. Además de reclamar justicia, recordaron que en Guatemala sí hubo genocidio, por lo que llevaron pancartas con lemas como «Todo asesino merece castigo» y corearon consignas como «No tenemos miedo a las balas».

La tensión no fue a más y no interfirió en la labor de la Justicia, pese al intento fallido del abogado de los militares, Moisés Galindo, que apeló a la jueza para que aplicara la Ley de Reconciliación Nacional. Esta norma, aprobada en 1996, está destinada a amnistiar los «delitos políticos cometidos durante el enfrentamiento armado interno y comprenderá a los autores, cómplices y encubridores de los delitos contra la seguridad del Estado, contra el orden institucional y contra la administración pública». Pero la magistrada rechazó esa posibilidad al considerar que los delitos de desapariciones forzadas y contra los deberes de humanidad no prescriben en Guatemala.

Antes de enviar los militares a prisión Mariscal Zavala, la jueza recordó que «la función del Ejército era ser garante de la vida de la población, en especial la de niñas, niños y mujeres». Precisamente, la mayoría de víctimas eran civiles acusados de formar parte de la guerrilla.

Luchar contra la corrupción para enfrentar la «agonía» económica

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, prometió ayer confrontar la «agonía» económica que sufre el país promoviendo la transparencia y luchando de manera frontal contra la corrupción. Morales habló de la necesidad de aplicar medidas de austeridad, dar prioridad a la educación y sanidad, e implementar políticas y normas para hacer más transparente «la ejecución de los fondos públicos», tras un año en el que la corrupción alcanzó niveles «nunca vistos». «Recibimos un país como un paciente en agonía», enfatizó Morales al enunciar las líneas generales de su plan de Gobierno, con el que evitará «su colapso». GARA