Diecinueve cantones han votado en contra de la iniciativa y cinco a favor, en un referéndum que ha contado con una participación récord del 60 por ciento del electorado.

Los helvéticos se han opuesto a endurecer la legislación que establece la expulsión automática de personas extranjeras que hayan cometido un delito, pero que otorga a los jueces la posibilidad de hacer excepciones cuando crea una situación de grave dificultad para él o su familia.

La iniciativa votada hoy pretendía que se incluyera en la Constitución el texto aprobado en primera instancia por los ciudadanos en referéndum sin las excepciones introducidas por el Parlamento posteriormente.

En 2010, los helvéticos aprobaron en referéndum con el 52,9 por ciento de los votos la iniciativa «Por la expulsión de los extranjeros criminales», presentada por la UDC, y que establecía la expulsión automática de los extranjeros que delinquen.

Tras la aprobación -y como es prescriptivo-, el Parlamento redactó y aprobó una ley en marzo de 2015 que, a ojos de la UDC, suavizaba el espíritu y la forma de la iniciativa aprobada y por ello decidió presentar una nueva propuesta que «blindase» la aplicación literal de lo aprobado en primera instancia.

Los ciudadanos han decidido rechazar este extremo.

La ley aprobada por el Parlamento -que aún no ha entrado en vigor- introdujo una cláusula que permite a los jueces hacer excepciones cuando la expulsión de un extranjero pudiera crear una situación de grave dificultad para él o su familia.

Asimismo, se tendrá en cuenta si el delincuente no es ciudadano suizo pero nació y se ha criado en Suiza, situación común -una cifra que se acerca a las 400.000 personas- dado que la Confederación Helvética no otorga la nacionalidad solo por nacer en su territorio.

Entre los delitos susceptibles de implicar una expulsión están «el asesinato, la violación, el atraco a mano armada, el tráfico de seres humanos y el tráfico de drogas», pero también el abuso de los beneficios de la seguridad social.