De manera sigilosa, como lo hacen las normas que se aprueban mucho antes de su puesta en marcha. Así entra hoy en vigor la legislación que modifica las condiciones para solicitar la residencia permanente en Gran Bretaña por los trabajadores cualificados de fuera de la Unión Europea (UE). En la práctica, la nueva legislación implica que aquellas personas procedentes de países extracomunitarios que lleven trabajando menos de diez años en el territorio y ganen menos de 35.000 libras serán deportadas. La medida afecta a unos 40.000 trabajadores que han llegado al país con un tipo de visado en concreto, el Tier 2, que permitía solicitar la residencia permanente después de cinco años de trabajo. A partir de hoy, solo se quedará quien gane más de lo equivalente a unos 43.000 euros al año. Otro golpe de efecto del Gobierno de David Cameron para reducir la inmigración. «Los ciudadanos afectados y sus empleadores ya han tenido muchos años para prepararse para esta situación», alegan desde el Ejecutivo para defender la nueva legislación, que lleva «en cocina» desde 2011.

Familias separadas

Las historias personales afectadas por esta medida son múltiples. Desde una estadounidense trabajadora de la Cruz Roja Británica hasta un periodista de India que trabaja en el sector público, pasando por trabajadores sanitarios –las presiones lograron excluir el sector de enfermería–, ingenieros o profesores de escuelas. “The Guardian” dio a conocer el caso de una familia australiana que emigró hace 8 años y que quedará dividida: una de las hijas no pudo entrar a Gran Bretaña con el visado de estudiante porque era mayor de edad, por lo que será deportada si no logra un trabajo con el que ingrese más de las 20.000 libras que gana en su actual empleo en una empresa de marketing.

No solo los afectados han puesto el grito en el cielo. El británico Josh Harbord inició la campaña Stop35k.org después de que una compañera de trabajo le trasladara su temor a ser deportada. «Ello despertó mi interés y puse en marcha esta campaña», explica a GARA Harbord. El joven rebasó las 100.000 firmas necesarias por ley para pedir que el Parlamento debatiera el cambio de legislación, y aunque contaba con el apoyo del Partido Nacional Escocés, los Laboristas y los Verdes, las tornas no se movieron.

Para el Gobierno de Cameron es una «justa manera» de reducir la inmigración «desmedida». Harbord no se rinde y asegura que continuarán ejerciendo presión. Piden que, al menos, el Gobierno disminuya en algunos sectores el salario mínimo requerido, ya que no cobra lo mismo un abogado que un profesor en una escuela. Desde Stop35k.org se recuerda que el sueldo medio en Gran Bretaña se sitúa en 25.600 libras anuales, según la Oficina Nacional de Estadística, por lo que califican de «desmedido» el rasero impuesto por el Gobierno, sobre todo en sectores como el profesorado y la sanidad pública, que son los más castigados

En términos generales, se estima que esta medida costará a los contribuyentes británicos entre 180 millones y 575 millones de libras en los diez próximos años, según las previsiones de la Secretaría de Estado. Sin embargo, la cifra se elevaría hasta los 700 millones, según el MAC (Migration Advisory Committee), un observatorio independiente de inmigración. La pertenencia a la Commonwealth no servirá de nada. De hecho, la australiana es la segunda nacionalidad más afectada por detrás de la estadounidense.

Esta misma tarde numerosos locales acogerán celebraciones simbólicas de «fiestas de despedida» para los trabajadores que, afectados por esta legislación, tendrán que marcharse poco a poco del país que consideraban su casa.