La Fiscalía de Araba pide ocho años de cárcel para cada uno de los dos responsables de la quiebra del fallido proyecto automovilístico Epsilon, que aspiraba a competir en la Fórmula Uno, por un delito societario y otro de insolvencia punible.

El fiscal reclama además que ambos paguen conjuntamente cerca de 914.000 euros en concepto de multas y de responsabilidad civil.

Según el Ministerio Público, pese a ser conocedores de la situación de insolvencia en la que se encontraba Epsilon, Mark Payne creó otra escudería en marzo de 2011 llamada Epic Racing.

Un mes después, en abril de 2011, Epsilon vendió a Epic Racing todos los activos vinculados a la rama de competición automovilística por 200.000 euros, cuando esta rama suponía «el 80% del activo patrimonial de Epsilon y su valor era notablemente superior al precio estipulado», ya que según un informe pericial ascendía a 1.099.236 euros.

De hecho, los 200.000 euros pactados «nunca se llegaron a abonar», lo que constituye, según el fiscal, una prueba más de «la voluntad delictiva de los imputados».

Esta venta se hizo un mes después de que presentaran un preconcurso de acreedores de Epsilon, por lo que ambos sabían que al desgajar la rama de competición vaciaban de «contenido empresarial» a Epsilon y quebraban así «las legítimas expectativas de cobro de sus acreedores».

El objetivo de los acusados, según la Fiscalía era «sacar de manera fraudulenta» la rama de competición, que era «el pilar» y el «alma mater» de Epsilon, sociedad financiada en su mayor parte por fondos públicos del entonces Ministerio español de Ciencia e Innovación, el Gobierno de Lakua, las diputaciones de Araba y Gipuzkoa, el Ayuntamiento de Gasteiz y el Parque Tecnológico de Araba.

Por la vía civil, Villadelprat ya fue condenado en 2013 por un juzgado de Gasteiz a pagar 900.000 euros a los afectados por las deudas de Epsilon, al considerar que fue el único responsable de la quiebra de esta empresa.

Villadelprat era el administrador único de Epsilon, de la que el británico Mark Payne era el director financiero. Esta firma recibió unos 48 millones de euros de ayudas públicas, según concluyó la comisión de investigación creada en el Parlamento de Gasteiz sobre este caso.