En esta campaña se están haciendo bastantes promesas, pero sin ofrecer demasiados números. Así, hemos oído que se propone crear nuevas plazas escolares de cero a tres años, integrar en Osakidetza odontología, ampliar los permisos de paternidad y maternidad, aumentar las ayudas por hijos,...

El partido que más se ha animado a cuantificar sus compromisos ha sido el PNV de Urkullu, obligado por estar en el Gobierno y para transmitir una imagen de solvencia. Ha prometido gastar 8.500 millones de euros en promoción económica; de ellos, 1.000 en empleo juvenil. Doblar las ayudas a las familias, proporcionar 2.500 millones de avales públicos a las Pymes,...

Cuando oigo este tipo de promesas me viene una imagen a la cabeza: veo la sonrisa de Montoro y me lo imagino pensando: «sí, sí..., prometed, prometed..., que luego tendréis que hacer cuentas conmigo y cumplir el techo de deuda, el límite de déficit, la regla de gasto…».

Y es que la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece un corsé tan estrecho para la Administración que el sector público se está descapitalizado, no solo materialmente sino también humanamente. Buena cuenta de ello dio la semana pasada la presidenta de la Cámara de Comptos de Nafarroa, Asun Olaechea, al presentar en el Parlamento el informe sobre empleo público. La propuesta de EH Bildu de crear 3.000 nuevos empleos solo en Osakidetza ilustra el déficit de trabajadores que va acumulando el sector público y que se va cubriendo con contratos temporales, como atestiguó el mencionado informe de Comptos.

En este contexto cualquier propuesta que incremente el gasto tiene que ir estrechamente unida a un planteamiento para aumentar los ingresos. Las explicaciones de Urkullu en este aspecto no han sido tan claras. Dio a entender que gran parte de esos 8.500 millones ya se destinan a promoción económica y mencionó que el resto se financiaría por un aumento de ingresos –se supone que a cuenta del crecimiento económico, porque de reforma fiscal ni palabra–, y habló de una redistribución del presupuesto. Traducida a lenguaje coloquial esta última medida se podría definir como desnudar a un santo para vestir a otro.

Sin ingresos complementarios en los que apoyarse difícilmente saldrán adelante ese tipo de medidas, a no ser que se continúe con la política de recorte de gasto social para dedicarlo a promoción económica que, por otra parte, no garantiza la creación de empleo en volumen suficiente, como lo atestiguan los diez trimestres de crecimiento que no han resultado suficientes para reducir sustancialmente la tasa de paro.

El escaso juego que ofrece ese flanco lo compensa Urkullu apuntando otras propuestas, como que el PIB industrial alcance el 25% del total. Mantener una estructura económica equilibrada y lograr un tejido industrial fuerte es condición necesaria, pero no suficiente para asegurar una tasa de desempleo más baja. El empleo público es clave, tal y como muestra la relación entre empleo público y desempleo en Europa. Aquellos países con una importante proporción de empleo público tienen unas tasas de paro más bajas y, generalmente, también unos servicios públicos de mayor calidad y, en consecuencia, unos índices de bienestar superiores.

El desempleo parece ser una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía. Sin embargo, crear nuevos puestos de trabajo es una tarea muy compleja que no está solo en manos del sector privado de la economía. Dar solución al problema del desempleo pasa inevitablemente por meter en la ecuación al sector público. Y para ello hace falta hablar de impuestos y también, y lo más importante, de eliminar el opresivo marco pensado por Montoro para ahogar al sector público. Tal y como están las cosas, avanzar hacia la independencia es el único camino que levantaría el invento de Montoro y helaría la sonrisa a su creador.