Las asociaciones ecologistas y naturalistas reunidas en Naturkon (Naturaren Kontserbazioa Gipuzkoan), y vecinos del barrio donostiarra de Añorga han comparecido esta mañana para ofrecer su punto de vista sobre los últimos acontecimientos en torno a las obras que se están llevando a cabo en la zona de Belartza, donde está prevista la construcción de un supermercado y de un establecimiento de comida rápida.

Ayer martes, el Ayuntamiento de Donostia levantó la suspensión de las obras, paralizadas por segunda vez la pasada semana –la anterior fue en junio– «tras meses de continuas denuncias de todo tipo de irregularidades e ilegalidades». Los trabajos tuvieron que ser precintados «después de que la empresa Valeriano Urrutikoetxea S.A. (VUSA) quebrantara durante días dicha orden municipal ante nuestra impotencia».

«La edificación privativa de una nave industrial ha comenzado sin que la urbanización haya sido recepcionada por el Ayuntamiento. Del mismo modo que durante más de dos meses la empresa trabajó a destajo con dinamita  y excavadoras en una obra sin concurso público, y del mismo modo que vertió más de 100.000 metros cúbicos de tierras sin licencia, esta última irregularidad se suma a un larga lista de actuaciones incatalogables e indignas de un Ayuntamiento democrático en pleno siglo XXI», han subrayado en la comparecencia.

A ello han sumado que se «sigue sin suspender el vertido de rocas ilegal que se está produciendo en Belartza Alto y que ha sido objeto de continuas denuncias, al no estar amparado por la licencia emitida en su día».

«La reiterada falta a la verdad del concejal de Urbanismo, Enrique Ramos, en sus declaraciones, la demora en la toma de medidas cautelares tras las repetidas denuncias realizadas durante semanas, la omisión de la apertura de expedientes sancionadores a actuaciones ilegales que no han prescrito, la falta de control sobre las actuaciones con un expediente de ilegalidades sobre las cuales pesa una instrucción por delito ecológico en el juzgado, y la sospechosa levedad de las multas impuestas a la empresa promotora son signos inequívocos del lado al que se posiciona este Ayuntamiento. Claramente a favor de los intereses privados», denuncia Naturkon.

Este colectivo ha pedido a la Fiscalía que abra una investigación «por si todas estas ilegalidades denunciadas pudieran ser constitutivas de un delito de prevaricación».