El juez Álvaro Martín ha abierto juicio oral contra los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y los exconsejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías y Antonio Fernández en el marco de la pieza separada del procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas investigadas en el caso ERE, la denominada pieza «política».

El juez, además, acuerda crear una pieza separada de responsabilidad civil y requiere a Griñán y a la exconsejera de Hacienda Martínez Aguayo que depositen, cada uno de ellos, una fianza de 4.214.702 euros; al exconsejero de Empleo José Antonio Viera que lo haga en la cantidad de 6.229.108 euros, mientras que al exconsejero de Innovación Francisco Vallejo le pide una fianza de 3.763.332 euros, apercibiéndoles de que, en caso de no hacer frente a dichas fianzas en el plazo de 30 días, se procederá a decretar el embargo de sus bienes.

Además de los expresidentes, el juez incluye entre los acusados a seis exconsejeros del Gobierno andaluz: Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, y a los cuatro últimos les imputa prevaricación y malversación.

Entre los 24 procesados hay también dos exviceconsejeros, tres directores generales, dos secretarios generales técnicos de Empleo, un interventor general de la Junta y tres directores generales de la agencia pública IDEA.

El instructor les acusa de un delito continuado de prevaricación y un delito de asociación ilícita –delito del que únicamente acusa el PP de Andalucía–, mientras que también abre juicio oral por un delito continuado de malversación de caudales públicos contra 18 de los acusados, entre ellos Griñán, Viera, Fernández, Martínez Aguayo y Vallejo. De este modo, no abre juicio oral por el delito de malversación ni contra Chaves, ni contra Zarrías, ni contra Magdalena Alvarez, entre otros.

Peticiones fiscales de prisión para Griñán y Chaves

La Fiscalía pide seis años de prisión y 30 de inhabilitación para Griñán por un delito continuado de malversación y otro de prevaricación, una pena superior a la de su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, por su actuación cuando fue consejero de Hacienda.

Para Chaves pide diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación, y solicita ocho años de prisión para los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo, por el delito continuado de malversación, y seis años para otra exconsejera, Carmen Martínez Aguayo, por el mismo delito.

Por su parte, la Junta de Andalucía pide el archivo de la causa al sostener que no aprecia prevaricación o malversación y «no existe prueba alguna de que la mayor parte de los encausados tuviesen conocimiento de la ilicitud penal, ni siquiera administrativa, en la concesión de ayudas y subvenciones».

El PP solicita dos años de cárcel y doce años de inhabilitación contra Chaves y Griñán al considerar que ambos y los otros 24 encausados han cometido un delito de «asociación ilícita».