Los tres juristas reclamaron, en concreto, que los restos de Franco y de Primo de Rivera se depositaran en el lugar que designen las respectivas familias y recordaron que, en este caso, el Arzobispado de Madrid está vulnerando los cánones eclesiásticos que expresamente señalan que no deben enterrarse cadáveres en las iglesias a no ser que se trate del Papa, arzobispos o meritorios. Recurrieron al alto tribunal al transcurrir tres meses sin obtener respuesta, si bien el Gobierno español acabó contestándoles en septiembre de 2016.

El Supremo no entra al fondo del asunto, sino que se limita a indicar que el Ejecutivo no vulneró el derecho de petición de Garzón, Ollé y Ranz. Por ello, el Gobierno del PP no tendrá que volver a pronunciarse sobre la petición formal que fue presentada ante el Consejo de Ministros el 19 de noviembre de 2015, coincidiendo con el 40 aniversario de la muerte del dictador.
 
En aquel escrito, los juristas pidieron el traslado de los restos, la reconversión del Valle de los Caídos en un «Espacio de Memoria» y que el Estado pida perdón a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Reclamaba también al Ejecutivo la supresión de la simbología franquista y de los actos conmemorativos que se llevan a cabo en el Valle de los Caídos y que, a su juicio, «pueden incitar al odio».

Además solicitaba la exhumación e identificación de los restos de las víctimas enterradas en la Basílica y la convocatoria de un acto público en sede parlamentaria, para que la autoridad competente del Estado «pida perdón a las víctimas del franquismo y a sus familiares como manifestación del pleno reconocimiento y reparación moral».

«No existe mayor manifestación de exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura ni mayor acto de naturaleza política exaltador que el hecho de reposar los restos de las víctimas –más de 33.000–, en la mayor fosa de España, alrededor de la sepultura del dictador, y la del fundador de la Falange, todas ellas sin identificar ni honrar su memoria», denunciaban.